En un balance sombrío, Cuba concluyó 2024 con 1.161 presos políticos, incluyendo 166 nuevos casos reportados en el año, según organismos internacionales y activistas. El régimen prometió implementar beneficios penitenciarios para 553 de ellos, medidas que previamente les habían sido sistemáticamente negadas. Sin embargo, esta acción es vista con escepticismo por defensores de derechos humanos, que denuncian un año marcado por la represión y la censura.
Persecución a periodistas: 10 prisioneros de conciencia
Entre los encarcelados se encuentran 10 periodistas independientes, cinco de ellos cumpliendo penas de prisión, mientras otros cinco enfrentan condenas bajo hostigamiento y amenazas constantes. El acoso a la prensa se ha intensificado tras la entrada en vigor de la Ley 162/2023, una normativa que centraliza el control de los medios y restringe la libertad de expresión, particularmente en el ciberespacio.
Casos destacados de periodistas encarcelados:
Jorge Bello Domínguez: Condenado a 15 años por su participación en las protestas del 11J, cumple su pena en el Combinado del Este.
José Gabriel Barrenechea Chávez: Escritor y periodista independiente, detenido en noviembre de 2024 sin tutela judicial en Villa Clara.
Yeris Curbelo Aguilera: De Palenque Visión, sentenciado a dos años de prisión en Guantánamo.
Luis Ángel Cuza Alonso: Colaborador de Cubanet, condenado por "desórdenes públicos" a 1 año y 6 meses.
Humberto Paz Gutiérrez: Activista y periodista con un historial de encarcelamientos, cumple cinco años en Ciego de Ávila.
Por otro lado, periodistas como Carlos Michael Morales Rodríguez, Raúl Velázquez Valdés y otros enfrentan condenas sin internamiento bajo constante persecución, en una evidente estrategia de intimidación.
Ley 162/2023: un golpe frontal a la libertad de expresión
La Ley de Comunicación Social, en vigor desde octubre, refuerza el control estatal sobre los medios y el ciberespacio, legitimando la censura de cualquier contenido crítico bajo la justificación de defender el “sistema socialista”. La normativa delega al Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) la supervisión de los procesos comunicativos, centralizando el poder mediático en el Estado.
Entre sus disposiciones más preocupantes, la ley establece que la "comunicación política" debe legitimar los valores revolucionarios y suprimir cualquier contenido contrario a los intereses gubernamentales. Esta medida no solo sofoca a la prensa independiente, sino que también afecta a activistas y ciudadanos que intentan expresarse en redes sociales.
El 2024 será recordado como uno de los años más represivos en la historia reciente de Cuba. La lista de presos políticos crece, la censura se intensifica y las voces críticas enfrentan un entorno hostil. Mientras el régimen promete cambios a nivel penitenciario, la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos exigen acciones concretas y el fin de la persecución sistemática contra quienes disienten del sistema.
La situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo crítica, con denuncias constantes de torturas, violaciones procesales y restricciones a las libertades fundamentales, un panorama que anticipa un 2025 igualmente complejo.