La reciente decisión del presidente Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo ha desatado una ola de críticas entre legisladores cubanoamericanos y defensores de la democracia. La medida, que marca un giro controvertido en la política exterior de Estados Unidos hacia la isla, es vista por muchos como un salvavidas económico para un régimen que sigue oprimiendo al pueblo cubano mientras exporta inestabilidad a la región.
Los congresistas Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar no tardaron en calificar la acción como una "traición" a los principios democráticos de Estados Unidos y una bofetada al anhelo de libertad de los cubanos. En declaraciones públicas, los legisladores argumentaron que la decisión no solo legitima al régimen castrista, sino que también refuerza su capacidad de represión interna y apoyo a aliados como Venezuela y Nicaragua.
Díaz-Balart señaló que la medida de Biden da “oxígeno económico” a La Habana en un momento crítico. Según él, retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo permitirá al régimen acceder a financiamiento internacional, lo que fortalecerá sus estructuras represivas. “Biden ha optado por alinearse con una tiranía que no solo oprime a su pueblo, sino que desestabiliza a la región”, afirmó.
María Elvira Salazar coincidió en que la decisión beneficia directamente a una dictadura responsable de décadas de violaciones de derechos humanos. Además, cuestionó el papel del secretario de Estado, Antony Blinken, quien había prometido previamente mantener a Cuba en la lista negra. “Esto no es más que una concesión unilateral que debilita la posición de Estados Unidos en la lucha por la libertad y la justicia en el hemisferio”, dijo Salazar.
El congresista Carlos Giménez enfatizó el impacto negativo que esta decisión tendrá en la política exterior de Estados Unidos. “Al retirar a Cuba de la lista, Biden envía un mensaje de debilidad a nuestros adversarios y abandona a los aliados que luchan por la libertad”, aseguró. Giménez también advirtió que esta acción podría motivar a otros regímenes autoritarios a intensificar sus actividades represivas y antidemocráticas.
Para los críticos, esta medida no solo representa un error estratégico, sino también un golpe moral. El régimen cubano ha sido acusado de brindar apoyo logístico a grupos insurgentes y gobiernos autocráticos en América Latina, acciones que van en contra de los intereses de Estados Unidos y los valores democráticos que dice defender.
Mientras tanto, el gobierno de La Habana ha celebrado la decisión de Biden como “un paso en la dirección correcta”. Sin embargo, esta respuesta solo refuerza las sospechas de que la medida beneficia más a la dictadura que al pueblo cubano. Para los congresistas cubanoamericanos, cualquier alivio financiero para el régimen se traduce directamente en más recursos para reprimir y controlar a la población.
Con la posibilidad de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los legisladores confían en que esta política sea revertida rápidamente. Díaz-Balart aseguró que un gobierno republicano restablecería las sanciones y retomaría una postura firme contra el régimen cubano. “La decisión de Biden será efímera; la justicia y la libertad prevalecerán”, concluyó.