Tres ciudadanos cubanos fueron sentenciados a 15, 18 y 20 años de prisión por tráfico ilícito de drogas durante un juicio oral y público celebrado en el Tribunal Provincial Popular de La Habana. El proceso, que incluyó acusaciones de tráfico interprovincial y venta de cocaína, fue calificado como "ejemplarizante" por la Fiscalía, que destacó la severidad de las penas como parte de una ofensiva nacional contra el narcotráfico.
Además de las largas condenas, los sentenciados enfrentan sanciones accesorias: privación de derechos públicos, prohibición de salida del país y decomiso de bienes, amparadas en varios artículos del nuevo Código Penal cubano (Ley 151 de 2022). Estas medidas buscan reforzar el castigo más allá de la prisión, impidiendo que los condenados vuelvan a integrarse plenamente en la vida social y económica.
“Las autoridades insisten en que el castigo ejemplar es clave para disuadir a potenciales infractores y preservar la tranquilidad social”, según declaró la Fiscalía durante el juicio. La narrativa oficial sostiene que Cuba defiende una política de “tolerancia cero” frente a las drogas, posicionando al sistema judicial como pieza central en esa estrategia.
El caso se enmarca dentro de una serie de juicios similares en otras provincias del país. En abril, un hombre fue condenado a 12 años por transportar marihuana desde Santiago de Cuba a Camagüey. En otro caso, dos jóvenes recibieron penas de ocho y nueve años por cultivar y distribuir marihuana y “el químico”, una peligrosa sustancia que, según reportes oficiales, ha comenzado a contener fentanilo y otros compuestos letales.
El uso creciente de drogas sintéticas y su presencia en entornos escolares ha generado una fuerte reacción del Estado. El gobierno ha reconocido un aumento preocupante en el consumo de estupefacientes entre menores, así como su implicación en la distribución de estas sustancias. Esto ha motivado un endurecimiento de las medidas represivas y una intensificación de los operativos policiales.
Las cifras reflejan esta tendencia: el 92 % de los acusados por tráfico de drogas en La Habana han sido condenados a penas efectivas de prisión, y los tribunales no descartan sanciones más graves, como cadena perpetua o incluso pena de muerte en casos agravados. También se ha comenzado a confiscar propiedades donde se permita la venta o consumo de drogas, una medida orientada a erradicar las llamadas “casas de consumo”.
Mientras el régimen defiende su política punitiva como forma de protección social, organizaciones independientes y observadores internacionales han expresado preocupación por la falta de transparencia, el uso político de los juicios y la poca atención a políticas de prevención y rehabilitación. En medio del endurecimiento de las leyes, el tráfico y consumo de drogas en la Isla siguen creciendo, revelando una realidad compleja que va más allá de la retórica oficial.
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