El juicio a puerta cerrada contra el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, ha destapado una grieta profunda en el relato oficial del poder en la isla. Hasta hace poco, Gil no solo era una de las figuras más visibles del gabinete, sino también una de las más promovidas mediáticamente como símbolo de “entrega y fidelidad revolucionaria”. Su caída repentina, envuelta en secretismo y rumores, deja al descubierto las contradicciones estructurales de un sistema que premia la obediencia y castiga el fracaso político como si fuera traición.
Alejandro Gil llegó al frente del Ministerio de Economía en 2018, tras desempeñarse como viceministro primero bajo la tutela de Ricardo Cabrisas. De perfil técnico y con formación en ingeniería, fue presentado como un cuadro “con visión integral” de la economía socialista. En los años siguientes, su nombre quedó ligado a las reformas económicas más ambiciosas —y controvertidas— del gobierno de Miguel Díaz-Canel, especialmente la Tarea Ordenamiento, y luego con las medidas para corregir distrciones.
El objetivo declarado era “actualizar el modelo socialista”, unificando la dualidad monetaria, eliminando subsidios y estableciendo un nuevo sistema salarial. Sin embargo, el resultado fue devastador: inflación descontrolada, colapso productivo, fuga de fuerza laboral y un incremento vertiginoso del costo de la vida. Gil defendió cada una de esas medidas en la televisión nacional con tono profesoral, insistiendo en que el proceso requería “paciencia y confianza en la dirección del país”.
Uno de los momentos más recordados fue su comparecencia del 28 de enero de 2024, durante la tradicional Marcha de las Antorchas, en homenaje a José Martí. Una entrevista televisada la convirtió en discurso, donde Gil proclamó: la confanza en la Revolución y su moral”. Aquel mensaje de convicción total se convirtió, sin saberlo, en su despedida política. Apenas cinco días después, el 2 de febrero, una nota del Consejo de Estado —avalada por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba— anunciaba su “liberación de las funciones ministeriales”, agradeciendo su “esfuerzo, consagración y compromiso con el pueblo”. En el mismo texto se afirmaba que “le serían asignadas nuevas tareas en los próximos días”.
La secuencia posterior fue casi teatral. El domingo 4 de febrero, Gil escribió en sus redes sociales: “Ha sido un orgullo trabajar junto al presidente Díaz-Canel al servicio del pueblo y la Revolución. Estoy preparado para nuevas tareas.”
Dos días más tarde, el 6 de febrero, el propio Díaz-Canel lo felicitó públicamente por su cumpleaños: “Otro abrazo para Gil en su día”. Después de eso, silencio absoluto. Ninguna nueva tarea fue anunciada, y Gil desapareció del escenario mediático y político.
Apenas en marzo comenzaron a circular informaciones oficiales sobre una investigación interna relacionada con “graves errores en el cumplmiento de sus funciones”. Más adelante la listaa de acusaciones incluiríaa hasta espionaje.
Ahora, el exministro enfrenta un juicio a puerta cerrada, justo cuando el pueblo cubano se debate entre apagones, falta de alimento, enfermedades y el azote del ciclón.
Más allá del morbo político, lo que este caso deja al desnudo es el funcionamiento interno de un modelo que convierte a sus ministros en fusibles. Durante años, Alejandro Gil fue el rostro de una política económica dictada desde arriba, defendida con fervor ideológico y sustentada en datos que solo servían para justificar la escasez. Hoy, es el chivo expiatorio perfecto de un fracaso sistémico.
Su caída no se explica solo por eventuales delitos financieros, sino por el agotamiento de un esquema que ya no logra sostener su propio relato. Entre el último abrazo de Díaz-Canel y la celda donde hoy se encuentra Gil, pudiera estar el eslabón perdido: ese momento donde la lealtad dejó de ser suficiente para garantizar impunidad. Y quizá también donde la Revolución, comenzó a juzgarse a sí misma.
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