Dos mujeres de origen cubano fueron arrestadas en Miami bajo acusaciones de robo en instalaciones de almacenamiento de la empresa Public Storage, situadas al suroeste de la ciudad. Las sospechosas, identificadas como Yelena Blanco Álvarez, de 25 años, y Gisell Sotolongo Mesa, de 39, habrían sustraído herramientas, ropa y otros objetos con un valor superior a los 21.000 dólares.
Según la investigación, los robos se produjeron en dos instalaciones ubicadas en SW 128th Street y SW 137th Avenue. Las acusadas alquilaban unidades dentro de estos complejos, lo que les permitía acceder a otras unidades donde cortaban los candados para luego reemplazarlos con otros nuevos. De esta manera, evitaban que los propietarios detectaran el robo de inmediato.
El caso fue descubierto gracias a las denuncias de ciudadanos que reconocieron sus pertenencias en videos captados por cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban a las sospechosas saliendo de las instalaciones con maletas y otros objetos. Los primeros reportes indican que los robos comenzaron en agosto de 2024.
Blanco Álvarez fue detenida tras ser interceptada en un control de tránsito. Durante la inspección de su vehículo, se hallaron herramientas que supuestamente usaron para cometer los robos. Sotolongo Mesa fue aprehendida más tarde en su domicilio, donde confesó su implicación en los hechos durante el interrogatorio policial.
Ambas enfrentan cargos por hurto mayor, robo y posesión de herramientas para perpetrar delitos. Además, Blanco Álvarez enfrenta una acusación adicional por tráfico de anfetaminas. Cabe destacar que las dos estaban bajo libertad condicional por delitos previos al momento de su arresto.
Las autoridades locales han instado a quienes utilizan unidades de almacenamiento a tomar precauciones adicionales, como inspeccionar regularmente sus pertenencias y reportar cualquier anomalía.
En Florida, los cargos por hurto mayor implican diversas penas dependiendo del valor de los bienes robados. Si el monto sustraído supera los 20.000 dólares, como en este caso, las acusadas podrían enfrentar hasta 15 años de prisión, además de multas significativas y la obligación de restituir los bienes robados a las víctimas.