Estados Unidos se prepara para llevar a cabo una de las operaciones de deportación más grandes de su historia, con la administración de Donald Trump en camino de implementar un plan agresivo que afectaría a millones de inmigrantes.
De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), citados por Fox News, hay más de 1.4 millones de ciudadanos extranjeros con órdenes finales de deportación, mientras que más de 7 millones de inmigrantes figuran en el registro de "no detenidos".
Según las últimas cifras reportadas, Honduras encabeza el listado con 261,651 personas mientras Guatemala: 253,413, México: 252,044 y El Salvador: 203,822 marchan cerca. En el quinto puesto está China: 37,908 y en el sexto Haití: 32,363. Venezuela: 22,749, Pakistán: 7,760, Irán: 2,618 y Uzbekistán: 975 cierran hasta el momento está página de deportaciones que cumple lo prometido por Donald Trump.
Según funcionarios del ICE, las deportaciones se centrarán inicialmente en:
- Inmigrantes con antecedentes penales: Actualmente, hay más de 662,566 inmigrantes con antecedentes penales en el país, de los cuales 435,000 tienen condenas por delitos como uso de visas falsas (16%), conducir bajo la influencia del alcohol (15%) y venta de drogas (15%).
- Personas con órdenes finales de deportación: Se estima que el 55% de estas órdenes pueden ejecutarse de inmediato, mientras que el resto enfrenta obstáculos legales.
- Beneficiarios de programas de protección temporal: El programa TPS, que ha protegido a más de 1.1 millones de personas de países como Venezuela, El Salvador y Ucrania, podría estar en riesgo de ser cancelado.
Hasta ahora, a pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense, la ejecución de las deportaciones enfrenta varios desafíos. Existen 15 países clasificados como "no cooperativos", entre ellos Cuba, Venezuela, China e Irán, que se niegan a aceptar la devolución de sus nacionales. Además, otros 11 países, como Nicaragua y Sudán del Sur, están en riesgo de incumplimiento.
El ICE también se enfrenta a apelaciones legales, protecciones contra la deportación y la falta de capacidad operativa para ejecutar las expulsiones a gran escala.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación por las implicaciones humanitarias de estas medidas, argumentando que muchas personas podrían ser deportadas a países donde enfrentan riesgos significativos.
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