Los abogados Magdalena Cuprys y Víctor Martínez, del bufete Cuprys & Associates, han alzado la voz ante lo que describen como una grave emergencia de derechos humanos en EE.UU.

En entrevista con Forbes, denunciaron públicamente abusos sistemáticos en el centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, ubicado en los remotos Everglades de Florida.

Allí, migrantes —incluyendo residentes legales y beneficiarios de DACA— están siendo retenidos sin acceso a representación legal ni audiencias de fianza, lo que vulnera directamente la Constitución estadounidense.

El centro fue construido a toda prisa en las instalaciones abandonadas del aeropuerto Dade-Collier, rodeado de caimanes y pitones, y abierto el 3 de julio de 2025. Tiene capacidad para más de 5,000 personas y un costo anual estimado de $450 millones. A pesar de su magnitud, se inauguró sin estudios ambientales ni garantías mínimas para los detenidos.

"Las condiciones son inhumanas: comida con gusanos, falta de agua para aseo personal, calor insoportable bajo lonas plásticas y luces encendidas las 24 horas que impiden dormir", advirtieron los abogados.

Detenidos han reportado además picaduras constantes por mosquitos gigantes, atención médica deficiente y un sistema deliberadamente diseñado para desorientar y aislar.

Las denuncias no han caído en saco roto. La ACLU y otras organizaciones han presentado una demanda colectiva contra el gobierno federal, acusando al centro de violar derechos fundamentales al restringir el acceso a abogados y eliminar audiencias de fianza.

Paralelamente, una corte federal revisa una petición para frenar las operaciones por daños ambientales y violaciones constitucionales.

El caso del migrante cubano Pedro Lorenzo Concepción ha cobrado especial notoriedad: lleva más de dos semanas en huelga de hambre, sin atención médica adecuada. Aunque fue trasladado al centro de Krome, su protesta sigue siendo símbolo de la desesperación que se vive en Alligator Alcatraz.

Por si fuera poco, el estado de Florida planea abrir un segundo megacentro de detención en Camp Blanding, lo que ha desatado una nueva ola de rechazo por parte de ambientalistas, defensores de derechos civiles y comunidades indígenas.

El modelo de detención que representa Alligator Alcatraz es una mancha ética y legal que debe ser desmantelada antes de que se replique a nivel nacional.

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