Desde este lunes y hasta el 7 de febrero, más de 30 manifestantes del 11J comparecerán ante el Tribunal Provincial de La Habana para ser juzgados por el supuesto delito de “sedición contra la Seguridad del Estado”, con peticiones fiscales que sobrepasan los 15 años de cárcel.

En total son 33 personas, entre las cuales hay 7 que tienen 18 años de edad o menos, según los registros de Justicia 11J, grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba.

Se trata de manifestantes que participaron en la protesta de Toyo, zona del municipio habanero Diez de Octubre donde hubo enfrentamientos entre civiles y oficiales del régimen con armas de fuego. Ahí se reportaron disparos.

En ese sentido, Justicia 11J subraya que, a juzgar por los materiales expuestos ampliamente en redes sociales, la “respuesta violenta de los manifestantes” obedeció a un ejercicio de legítima defensa amparado en los artículos 21.1-5 del Código Penal.

“Hacemos énfasis, una vez más, en la selección del delito de sedición, de índole político -contra la seguridad del Estado- como ejemplarizante, a pesar de que en varios eventos judiciales los abogados han defendido la inexistencia de elementos que justifiquen la naturaleza sediciosa de los eventos”, dice.     

A través de redes sociales, Justicia 11J recordó que los juicios contra los participantes en las protestas antigubernamentales debían ser de carácter público, como lo establece el Artículo 305 de la Ley del Procedimiento Penal vigente.

Tal condición permitiría la cobertura de prensa de los procesos, sin distinciones por la proyección política de los medios, permitiendo una interpretación de los hechos distinta a la parcializada por el oficialismo.

“Hasta la fecha, y a pesar de las campañas generadas en redes sociales a tales efectos, no hemos sabido que haya sido permitida la entrada a los Tribunales a los medios independientes cubanos ni a los medios internacionales”, dice un comunicado del grupo el viernes.  

Justicia 11J incorporó a su relación los nombres de dos menores en el municipio de Cárdenas, en Matanzas: Osbel David Núñez Frómeta (17 años) y Christian Lázaro González Ávila (16 años), también con severas peticiones fiscales por el delito de sedición.

“Con estas nuevas incorporaciones a nuestra relación, hemos registrado un total de 50 personas entre 16 y 20 años acusadas de sedición, para un 29% del total de acusaciones por este delito (169)”, señala.

“Durante la semana en curso, Cuba debía participar de la 89 periodo de sesiones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Justicia 11J, de conjunto con Cubalex, envió para su examen un exhaustivo informe a través del cual se detallaba la situación de los menores en detención, hechos por los que el Estado cubano debía rendir cuentas ante el Consejo. La participación de Cuba (así como la de cinco otros países) ha sido pospuesta para la 90 sesión, en mayo de 2022”, denuncia.

De acuerdo con las organizaciones independientes, de un total de 1393 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, 730 continúan en centros de reclusión, 72 de ellas son mujeres.

Un comunicado anterior de la Fiscalía General de República, informó que se han presentado a los tribunales 110 expedientes con 710 acusados para su juzgamiento, el 69 por ciento de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.

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