La televisión cubana mostró el martes imágenes de los juicios contra manifestantes del 11J, al trasmitir el comunicado de la Fiscalía General de la República emitido la víspera, el cual insiste en que los procesados cometieron “graves alteraciones del orden”.

Durante la emisión estelar del noticiero, el oficialismo volvió a hacer uso de los videos donde se aprecian las pedradas a las patrullas policiales y los saqueos a las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) para sustentar el supuesto carácter violento de las protestas antigubernamentales.

El comunicado señala que el 21 por ciento de los acusados presentaban antecedentes penales, sin especificar sobre ellos o qué relación podrían tener con una presunta reacción de violencia. El material en televisión estuvo precedido por información sobre el tuit del gobernante Miguel Díaz-Canel donde defiende el proceder de la Fiscalía y su respeto al “derecho de sus ciudadanos”.

Según la publicación de Fiscalía, se han presentado a los tribunales 110 expedientes con 710 acusados para su juzgamiento, el 69 por ciento de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. Asimismo, reconoce que 115 acusados tienen entre 16 y 20 años de edad y 55 entre 16 y 18.

En cuanto a los menores de 16, afirma que estos no son sujetos de derecho penal y dice que hubo 27 a los que se les aplicó el procedimiento legal establecido, mientras que 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta. A 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la escuela donde cursan estudios, expone.

“La decisión de Fiscalía de sostener la acusación ante los tribunales, en todos los casos, estuvo basada en medios de prueba aportados, entre ellos, las declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición”, señala.

De igual modo, asevera que las sanciones están en correspondencia con el grado de violencia de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad. De acuerdo con el material la fiscalía tramitó 238 quejas o peticiones y modificó la solicitud de sanción por otras de menor severidad.

Familiares de los presos del 11J, cuyos rostros y voces no figuran en ninguno de los medios de prensa oficialista, han denunciado diversas irregularidades en los procesos contra los detenidos. Por ejemplo, la familia de Andy García, en Villa Clara, aseguró que los elementos y testigos en contra del joven, mostraron incoherencias durante el juicio, mientras que las autoridades no pudieron presentar elementos como videos que lo incriminaran, después de acusarlo de lanzar piedras en medio de la manifestación. 

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