La Administración de Donald Trump habría ordenado a fiscales federales en Miami que evitaran avanzar en investigaciones penales contra la gobernante interina venezolana Delcy Rodríguez, según revelaron funcionarios actuales y antiguos de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos citados por The Associated Press. La medida representa uno de los movimientos más delicados dentro del acercamiento político entre Washington y Caracas tras la caída de Nicolás Maduro, y ocurre mientras la Casa Blanca intenta consolidar una transición que permita estabilidad institucional, reapertura petrolera y cooperación económica. Aunque el Departamento de Justicia asegura que “nunca existió una investigación que hubiera que cerrar”, documentos de la DEA muestran que Rodríguez estuvo durante años bajo observación por presuntos vínculos con redes de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de oro. La decisión también ha despertado críticas dentro de sectores políticos y judiciales estadounidenses, que advierten sobre el riesgo de utilizar investigaciones criminales como herramienta diplomática.

La decisión de frenar posibles investigaciones federales contra Delcy Rodríguez marca un cambio significativo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Durante años, Rodríguez fue considerada una figura clave del círculo de poder chavista y apareció repetidamente en expedientes de inteligencia de la DEA relacionados con presuntas operaciones financieras ilícitas y conexiones con operadores del régimen de Nicolás Maduro.

Sin embargo, el escenario político cambió radicalmente tras la captura y traslado de Maduro a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico. Desde entonces, la Administración Trump ha optado por respaldar políticamente a Rodríguez como figura de transición, levantando sanciones y facilitando contactos con empresas energéticas estadounidenses interesadas en el petróleo venezolano.

Funcionarios consultados por The Associated Press aseguran que la instrucción dada a fiscales en Miami buscaba evitar obstáculos para las negociaciones políticas y económicas en Caracas. Según esas fuentes, el objetivo principal es estabilizar el país sudamericano y garantizar condiciones para nuevas inversiones estadounidenses en el sector energético.

La estrategia ha generado fuertes cuestionamientos en Washington. Legisladores demócratas consideran contradictorio que una dirigente anteriormente sancionada por presuntamente socavar la democracia venezolana ahora reciba respaldo político de la Casa Blanca. Las senadoras Jeanne Shaheen y Elizabeth Warren exigieron explicaciones formales al Gobierno estadounidense por el levantamiento de sanciones y la ausencia de exigencias electorales concretas.

Además, expertos legales advierten sobre las implicaciones institucionales de suspender investigaciones sensibles por razones geopolíticas. El exfiscal federal Duncan Levin sostuvo que el Departamento de Justicia no debería actuar en función de conveniencias diplomáticas temporales, sino basarse exclusivamente en evidencia y criterios jurídicos.

Mientras tanto, Rodríguez mantiene una agenda cada vez más cercana a Washington. En los últimos meses ha recibido delegaciones de empresas petroleras estadounidenses y altos funcionarios energéticos de la Administración Trump. Pese a ello, continúa sin anunciar una fecha clara para elecciones presidenciales en Venezuela, aun después de vencer el plazo constitucional establecido por el Tribunal Supremo venezolano para ejercer el poder de manera provisional.

La pausa en las investigaciones refleja así el delicado equilibrio entre los intereses estratégicos de Estados Unidos, la estabilidad venezolana y las dudas sobre el futuro democrático del país sudamericano.

Fuente: Telemundo Noticias

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