Nepal atraviesa una de sus peores crisis políticas en décadas tras la renuncia del primer ministro Khadga Prasad (K.P.) Sharma Oli, de 73 años. La dimisión, ocurrida este martes, desencadenó una ola de disturbios en Katmandú y otras ciudades, donde miles de manifestantes irrumpieron en edificios públicos, incendiaron inmuebles oficiales y atacaron residencias de líderes políticos.

El estallido social comenzó con protestas contra el bloqueo de redes sociales como Facebook, YouTube y X, medida que desató indignación entre los jóvenes. Aunque la restricción se levantó al día siguiente, la rabia se transformó en un movimiento mucho más amplio contra la corrupción, la censura y la élite política.

La víspera, las fuerzas de seguridad habían reprimido con dureza las manifestaciones frente al Parlamento. Según Amnistía Internacional, se utilizaron balas de goma, gases lacrimógenos e incluso munición real. El saldo fue de al menos 19 muertos y más de un centenar de heridos, algunos de gravedad.

“Muchos pacientes presentan impactos en la cabeza y el pecho”, explicó el doctor Badri Risa, del Centro Nacional de Trauma, donde ingresaron varios de los fallecidos. Los testimonios recogidos en las calles reflejan una mezcla de dolor y rabia: “Castiguen a los asesinos en el gobierno. Dejen de matar jóvenes”, gritaban algunos manifestantes.

El martes, el Parlamento fue escenario de un incendio masivo, mientras columnas de humo envolvían el centro de Katmandú. Helicópteros militares tuvieron que evacuar a ministros, y el aeropuerto internacional fue cerrado temporalmente debido a la magnitud de los disturbios.

El trasfondo de la crisis va más allá de la censura digital. Nepal sufre un desempleo juvenil cercano al 20%, según el Banco Mundial, y cada día más de 2.000 jóvenes emigran a Medio Oriente o al sudeste asiático en busca de trabajo.

“Estamos aquí porque el país se ha deteriorado tanto que ya no tenemos razones para quedarnos”, dijo a AP el estudiante Bishnu Thapa Chetri. Otro manifestante, Robin Sreshtha, resumió la frustración: “Queremos un país libre de corrupción, con educación y salud accesibles. Estamos luchando por nuestro futuro”.

El descontento se dirige también contra los llamados “Nepo Kids”, hijos de dirigentes que, según los críticos, disfrutan de privilegios mientras la mayoría vive en la precariedad.

Presionado por la magnitud de las protestas, Oli presentó su renuncia al presidente, explicando en una carta que lo hacía “para abrir el camino a una solución política”. Antes había intentado calmar los ánimos convocando a un diálogo multipartidario y anunciando una comisión investigadora sobre la represión, además de compensaciones para las familias de las víctimas.

Pero las promesas no lograron contener la furia en las calles. Su salida, apenas un año después de asumir un cuarto mandato en coalición con el Congreso Nepalí, deja al país en un escenario incierto. Desde la abolición de la monarquía en 2008, Nepal ha transitado por una década de guerra civil y múltiples crisis de gobernabilidad.

El Ejército de Nepal instó a la calma y a proteger el patrimonio histórico y cultural. “Es deber de todos los ciudadanos salvaguardar los bienes nacionales en este momento tan crítico”, afirmaron en un comunicado. Sin embargo, el llamado tuvo poco eco en medio de los saqueos y ataques contra residencias oficiales, incluida la del propio Oli y la del presidente.

También resultó afectado el edificio de Kantipur Publications, editor del diario The Kathmandu Post. El incendio dejó fuera de servicio sus servidores, aunque el medio aseguró que continuará publicando a través de redes sociales.

El origen inmediato de la crisis fue un proyecto de ley que obligaba a las plataformas digitales a instalar oficinas de enlace en Nepal, lo que fue interpretado como un intento de censura. Organizaciones de derechos humanos lo calificaron de amenaza a la libertad de expresión.

El trasfondo, sin embargo, está marcado por la corrupción, el desempleo y un bajo crecimiento económico: el PBI per cápita es de apenas 1.447 dólares, en un país donde el 43% de la población tiene entre 15 y 40 años.

La renuncia de Oli abre un vacío de poder que podría prolongar la inestabilidad. La ira popular, alimentada por la represión y el hartazgo acumulado, plantea un desafío sin precedentes para la dirigencia política.

Fuente: Agencias AFP, AP y Reuters

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