A partir de este viernes, cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos quedaron en un limbo migratorio luego de que expirara el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que los había protegido de la deportación y les permitía trabajar legalmente.

La suspensión del programa, decidida por la administración de Donald Trump, afecta directamente a más de 250,000 personas que huyeron de la crisis económica y política de Venezuela. Sin embargo, para muchos de ellos, volver a su país no es una alternativa viable.

“Regresar no es una opción. Allá no hay trabajo, ni seguridad, ni futuro”, asegura Oriana, una madre venezolana de 38 años que ha vivido en Florida durante más de cinco años. Tras conocer la decisión del gobierno estadounidense, se mudó recientemente a otro estado buscando pasar desapercibida. “Prefiero quedarme en la clandestinidad antes que regresar”, confiesa.

El TPS, otorgado en 2021 durante la presidencia de Joe Biden, permitió que miles de venezolanos pudieran rehacer sus vidas, acceder a empleos formales y contribuir a la economía estadounidense. Con su fin, muchos se enfrentan nuevamente al temor de ser detenidos o deportados, mientras esperan que los tribunales o el Congreso actúen para encontrar una solución definitiva.

Abogados de inmigración y organizaciones proinmigrantes han advertido que la decisión podría generar una nueva crisis humanitaria. “Estas personas han echado raíces aquí, tienen hijos en las escuelas, pagan impuestos y contribuyen a sus comunidades. Enviarles de regreso sería inhumano”, señaló la activista Carolina González, del grupo Venezuelan American Alliance.

Mientras tanto, los consulados venezolanos en el exterior permanecen en gran medida inactivos, lo que agrava la situación de quienes buscan renovar documentos o gestionar trámites migratorios.

Diversos grupos han iniciado campañas en redes sociales y manifestaciones frente a oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para pedir una extensión del programa o la aprobación de una ley que garantice un estatus permanente.

“Estamos hablando de familias enteras que se quedarían sin protección”, subraya González. “El Gobierno debe entender que Venezuela no ofrece condiciones para un retorno seguro”.

En medio de la incertidumbre, la historia de Oriana refleja la de miles de venezolanos que enfrentan el fin del TPS con miedo y esperanza. “Solo queremos vivir tranquilos, trabajar y ayudar a nuestras familias allá”, dice. “Pero si tengo que hacerlo en la sombra, lo haré. Porque volver sería renunciar a todo”.

Fuente: Noticias Telemundo

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