La Fiscalía General de la República de Cuba ha dado a conocer los graves delitos por los que será procesado Alejandro Miguel Gil Fernández, quien fuera viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación del régimen cubano, una de las figuras más visibles del gabinete de Miguel Díaz-Canel hasta su destitución en febrero de 2024.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Fiscalía ejerció acción penal pública en representación del Estado tras concluir la investigación realizada por el Ministerio del Interior, conforme al artículo 156 de la Constitución. Las conclusiones del proceso preliminar revelan una extensa lista de cargos por delitos graves, entre ellos espionaje, malversación, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y evasión fiscal, así como falsificación de documentos públicos y violación de normas de protección de información clasificada.

La Fiscalía también acusó a Gil de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación estatal, además de sustracción y daño de documentos oficiales, lo que podría implicar una pena de larga privación de libertad.

El comunicado subraya que se “garantizó el debido proceso” y que los hechos imputados a Gil Fernández y a otros colaboradores “corresponden a conductas que atentaron contra el interés público, la economía nacional y la seguridad del Estado”. No obstante, el texto oficial no especifica cuántos funcionarios más están involucrados ni el alcance de la red de corrupción.

Gil Fernández, de 61 años, fue una de las figuras más influyentes del gobierno cubano en los últimos años y el principal rostro de la fallida política económica que incluyó la Tarea Ordenamiento, la devaluación masiva del peso cubano y el incremento del control estatal sobre las empresas privadas. Su destitución fue anunciada sorpresivamente por Díaz-Canel, quien lo reemplazó sin ofrecer entonces detalles sobre posibles irregularidades.

El exministro habría tenido acceso a información económica clasificada y a mecanismos financieros del Estado, lo que explicaría la severidad de los cargos de espionaje y lavado de activos. Analistas consultados por medios independientes consideran que la acusación de espionaje —inusual en casos de corrupción dentro del régimen— podría tener motivaciones políticas, especialmente si se busca presentarlo como traidor o filtrador de información sensible a potencias extranjeras.

De confirmarse los delitos imputados, Gil podría enfrentar una condena de varias décadas de cárcel. En todos los casos, la Fiscalía solicitó sanciones privativas de libertad “en correspondencia con la gravedad de los hechos”.

El proceso judicial se desarrollará ante un tribunal cubano bajo estricta supervisión estatal, aunque hasta el momento no se han hecho públicas pruebas concretas sobre los presuntos delitos.

El caso de Alejandro Gil marca un hecho sin precedentes recientes en la alta cúpula del poder cubano: un exministro procesado por espionaje y corrupción a gran escala, lo que refleja tanto la magnitud de la crisis interna como las pugnas dentro del aparato político del país.

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