Un tribunal federal de apelaciones en Boston respaldó este viernes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al programa de parole humanitario que otorgaba permisos de residencia y trabajo temporal a cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La decisión del Primer Circuito de Apelaciones revoca un fallo de la jueza federal Indira Talwani, quien había sostenido que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía facultades para cancelar de forma generalizada este tipo de protección migratoria.

El fallo representa un duro golpe para las más de 430,000 personas que dependen del programa conocido como CHNV parole, creado por el expresidente Joe Biden en 2022 para venezolanos y extendido en 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses. A través de este mecanismo, más de 532,000 migrantes habían recibido permisos de trabajo en EE.UU. tras cumplir controles de seguridad y contar con patrocinadores financieros.

El juez Gustavo Gelpí, quien redactó la opinión del panel de tres magistrados —todos nombrados por presidentes demócratas—, señaló que la decisión de Noem obliga a los migrantes a enfrentarse a un escenario dramático: regresar a países donde persisten condiciones de violencia, pobreza y persecución, o permanecer en EE.UU. bajo el riesgo constante de ser detenidos y deportados.

No obstante, el tribunal concluyó que los abogados de los demandantes no demostraron de manera convincente que el Departamento de Seguridad Nacional careciera de autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para suspender el programa.

En mayo, la Corte Suprema ya había intervenido, suspendiendo temporalmente el fallo de Talwani y permitiendo que las cancelaciones siguieran adelante mientras continuaba el litigio.

La abogada Esther Sung, del Justice Action Center, organización que representa a los migrantes demandantes, calificó la decisión de “devastadora” pero aclaró que el litigio no ha terminado. “Todavía hay margen para que prevalezcamos a medida que el caso avance hacia una sentencia final”, afirmó.

Por su parte, el Departamento de Justicia había defendido la postura del gobierno al pedir al Primer Circuito que desestimara lo que llamó “una solicitud descarada de los demandantes para desafiar a la Corte Suprema”. El Departamento de Seguridad Nacional, en cambio, no emitió comentarios inmediatos sobre el fallo.

El fallo deja en claro que, salvo excepciones individuales, los permisos otorgados podrían expirar en los próximos 30 días, lo que afectaría de manera directa a miles de familias que dependen de este estatus para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La medida ha generado gran incertidumbre en comunidades migrantes de todo el país. Para muchos beneficiarios, el parole representaba no solo una vía de estabilidad económica, sino también un respiro frente a la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen.

Ahora, con la decisión del Primer Circuito, el futuro de más de medio millón de migrantes queda en manos de los próximos pasos judiciales y de la política migratoria que defina la Casa Blanca.

Fuente: Reuters

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