Pedro Víctor Serrano es el nombre de un joven cubano que enfrentó a un represor tras ser multado arbitrariamente en la isla.

El chico pretendía ir a visitar a su padre cuando oficiales de la policía política se le acercaron para ponerle la multa alegando que no tenía ‘permiso de movilidad’.

Después de eso, uno de los policías le pide dejar de filmar, pero, de inmediato, pedro Víctor se niega y sentencia que ese es su teléfono y que al frente tiene a funcionarios públicos a los que puede grabar porque, además, están en la vía paública.

“No estés grabando. La multa está bien puesta”, responde el oficial que estaba vestido de civil, típico de los agentes de la Seguridad del Estado.

La multa fue de mil pesos en moneda nacional, sin embargo, el joven se negó a firmarla.

Y es que las multas se han vuelto un negocio lucrativo para la dictadura. Recientemente, una nota de la prensa local en Sancti Spíritus señaló que hasta el pasado 25 de mayo, en esa provincia se habían aplicado 1 019 multas, tanto en entidades estatales como en iniciativas privadas, en relación con la comercialización de alimentos y otros bienes de consumo.

En estas acciones de control, se habían recaudado más de 3 millones de pesos, convirtiéndose las cuantiosas sanciones en otra forma de recaudación de dinero por parte del gobierno.

Según el rotativo Escambray, por el Decreto No. 30 concretamente se habían aplicado, de manera multifactorial, 841, que se corresponden, en orden descendente, con trabajadores por cuenta propia, unidades de Comercio y Gastronomía, vendedores ilegales, puntos de productos agropecuarios y tiendas recaudadoras de divisas. El valor de lo recaudado ascendía a más de 3 510 400 pesos. 

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