El cubano Roberto Mosquera del Peral, deportado por Estados Unidos al pequeño reino africano de Esuatini, se encuentra en huelga de hambre desde hace más de una semana en una prisión de máxima seguridad, donde ha permanecido detenido sin cargos ni acceso a defensa legal durante más de tres meses. Así lo denunció su abogada en Estados Unidos, Alma David, quien expresó preocupación por el deterioro de su salud y exigió información inmediata sobre su estado.

Mosquera es uno de los cinco hombres —provenientes de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen— enviados a Esuatini en julio como parte del programa de deportación a terceros países impulsado por la administración de Donald Trump. Este mecanismo ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, que lo califican de opaco y arbitrario, pues coloca a los deportados en territorios donde quedan expuestos a abusos y sin garantías procesales.

“Mi cliente está detenido de forma arbitraria, y ahora su vida está en peligro. Exijo que se le proporcione atención médica adecuada y que pueda reunirse con su abogado en Esuatini”, declaró la letrada en un comunicado difundido por la agencia AP.

Según informes locales, los cinco hombres fueron trasladados al Complejo Correccional de Matsapha, cerca de Mbabane, la capital administrativa del país, bajo la custodia del sistema penitenciario de Esuatini, una monarquía absolutista que enfrenta constantes denuncias internacionales por represión política y violaciones de derechos humanos.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) aseguró que los deportados eran “criminales convictos por delitos graves” y miembros de pandillas, los abogados de los detenidos afirman que todos cumplieron sus condenas en EE.UU. y que ahora están recluidos de manera ilegal en África, sin haber sido acusados formalmente de ningún delito.

Grupos cívicos en Esuatini han presentado demandas judiciales contra el gobierno local, cuestionando la legalidad de mantener a extranjeros en prisión sin cargos. Mientras tanto, uno de los cinco deportados, de nacionalidad jamaicana, fue repatriado recientemente a su país, pero Mosquera y los demás continúan en condiciones inciertas.

El caso ha puesto en el centro del debate los acuerdos secretos de deportación entre Washington y varios países africanos. Según el grupo Human Rights Watch, Estados Unidos habría ofrecido millones de dólares a estas naciones para aceptar a deportados extranjeros. En el caso de Esuatini, se habrían destinado 5,1 millones de dólares para recibir hasta 160 personas; a Ruanda, 7,5 millones por 250 deportados.

A principios de este mes, otros diez migrantes —procedentes de Vietnam, Camboya, Filipinas, Cuba, Chad, Etiopía y Congo— fueron también enviados a Esuatini bajo el mismo programa, y se cree que están detenidos en el mismo complejo penitenciario.

“El hecho de que mi cliente haya tenido que recurrir a una huelga de hambre demuestra la desesperación de quienes han sido abandonados en esta situación inhumana”, advirtió la abogada David, quien instó tanto al gobierno de Estados Unidos como al de Esuatini a asumir responsabilidad por las consecuencias humanas de estos acuerdos migratorios.

(Con información de AP)

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