El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, ha provocado una oleada de indignación al solicitar únicamente un día de prisión para Brett Hankison, expolicía implicado en la operación que terminó con la vida de Breonna Taylor en 2020.

A pesar de haber sido hallado culpable por un jurado federal de Kentucky por violar los derechos civiles de Taylor, la fiscal Harmeet Dhillon, jefa de la división de derechos civiles y nombrada por Trump, pidió que se considerara como pena cumplida el único día que Hankison pasó en prisión tras su arresto. La propuesta también incluye tres años de libertad supervisada.

Según Dhillon, agregar más castigo al hecho de que Hankison ya fue expulsado de la fuerza policial “sería simplemente injusto”, argumentando que él no disparó directamente a Taylor y, por tanto, no sería responsable de su muerte.

“El gobierno respeta el veredicto del jurado”, dijo, mientras exigía la pena mínima en un caso que simboliza para muchos la impunidad estructural en casos de brutalidad policial.

La familia de Taylor y sus abogados condenaron la postura del gobierno federal como un “insulto” a su memoria y una afrenta a la lucha por la justicia racial. En un comunicado, expresaron que recomendar solo un día de prisión “envía el mensaje inequívoco de que los agentes blancos pueden violar los derechos civiles de los afroestadounidenses casi con total impunidad”.

Breonna Taylor, una técnica médica de 26 años, fue asesinada en su propia casa en Louisville, Kentucky, cuando agentes ejecutaron una orden de allanamiento en medio de la noche en busca de su exnovio.

Su actual pareja creyó que se trataba de intrusos y disparó un tiro. La respuesta policial fue devastadora: más de 30 disparos, varios de los cuales impactaron a Taylor, causándole la muerte.

Su caso, junto al de George Floyd, generó una movilización social sin precedentes en Estados Unidos contra el racismo sistémico y la violencia policial. Sin embargo, este reciente intento del gobierno de Trump por eximir de responsabilidad carcelaria a Hankison revive la indignación pública y plantea serias dudas sobre el compromiso real con la rendición de cuentas en casos de violencia institucional.

El Departamento de Justicia, además, retiró en mayo las demandas impuestas por la administración Biden contra las policías de Louisville y Minneapolis, decisiones que muchos ven como una regresión en los avances logrados tras las protestas de 2020.

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