La administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, gastó 40 millones de dólares en un solo mes para detener a cerca de 400 inmigrantes en la base naval de Guantánamo, ubicada en el oriente de Cuba.

Esta iniciativa fue duramente cuestionada tanto por legisladores como por organizaciones de derechos humanos debido al alto costo y a las condiciones inadecuadas del centro de detención.

El senador demócrata Jack Reed, tras visitar la base junto a otros cuatro senadores, calificó el gasto como un "despilfarro extraordinario e innecesario".

En una declaración conjunta, los legisladores denunciaron que Guantánamo es un lugar “probablemente ilegal e ilógico para detener inmigrantes” y criticaron la utilización de recursos militares para propósitos migratorios.

Guantánamo, conocida por su aislamiento geográfico y acceso limitado, se convirtió en una opción extremadamente cara para la detención. El lugar necesita electricidad propia y el abastecimiento depende de vuelos o barcos desde Florida. Además, las instalaciones no cumplían con los estándares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), careciendo incluso de servicios básicos como aire acondicionado y suministro eléctrico adecuado.

En marzo, la administración retiró a los últimos 40 migrantes del lugar y canceló el plan de expandir el centro para albergar hasta 30,000 personas en carpas improvisadas, decidiendo retirarlos a centros de detención en Estados Unidos.

Trump había anunciado que estas instalaciones serían utilizadas para criminales peligrosos, incluyendo miembros del Tren de Aragua, una organización delictiva venezolana. Sin embargo, también se consideró enviar allí a personas sin antecedentes penales.

Las declaraciones del entonces secretario de Estado, Marco Rubio, agravaron la controversia al comparar a los migrantes detenidos con miembros de Al Qaeda, afirmando que eran “peores” que los terroristas. Estas palabras generaron una fuerte reacción por parte de defensores de derechos humanos y legisladores, especialmente por su tono estigmatizante hacia los migrantes venezolanos que buscaban asilo.

Pese al cierre de la operación en Guantánamo, el gobierno de Trump no renunció a expandir la política de detención migratoria. Un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), filtrado por NPR, reveló planes para construir nuevos centros de detención en al menos diez bases militares dentro del territorio continental estadounidense. El objetivo sería alojar a inmigrantes indocumentados mientras esperan su deportación.

Recomendado para ti