El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó nuevas órdenes ejecutivas destinadas a restringir el acceso a la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento para hijos de determinados extranjeros, con especial énfasis en quienes viajan al país con el objetivo de dar a luz, una práctica conocida como "turismo de nacimiento".

La medida llega apenas un mes después de que la Corte Suprema bloqueara un intento anterior de la administración para limitar la aplicación de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a la mayoría de las personas nacidas en territorio estadounidense.

Aunque el contenido completo de las nuevas órdenes aún no ha sido divulgado, la Casa Blanca adelantó que estas ampliarían los criterios para considerar que ciertos recién nacidos no son elegibles para obtener la ciudadanía automática al nacer. Además, buscan reforzar las acciones contra el denominado turismo de nacimiento.

Durante la firma de las órdenes, Trump aseguró que "cientos de miles" de personas viajan cada año a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.

Datos del Migration Policy Institute indican que las estimaciones más altas sitúan el número de nacimientos vinculados al turismo de maternidad entre 22.000 y 26.000 al año. No obstante, registros oficiales muestran que en 2024 hubo alrededor de 9.600 nacimientos de madres que reportaron direcciones de residencia fuera de Estados Unidos.

Las nuevas acciones ejecutivas previsiblemente enfrentarán nuevos desafíos judiciales, ya que diversos expertos consideran que cualquier intento de modificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento choca con la interpretación histórica de la Enmienda 14 y requeriría una reforma constitucional o un cambio sustancial en la jurisprudencia de la Corte Suprema.

El debate sobre este tema ha sido uno de los ejes de la política migratoria impulsada por Trump, quien sostiene que el sistema actual incentiva abusos de las leyes migratorias. Sus críticos, en cambio, argumentan que las órdenes ejecutivas exceden las facultades del Poder Ejecutivo y vulneran un derecho constitucional ampliamente reconocido.

La nueva ofensiva legal anticipa otra batalla en los tribunales, mientras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y especialistas en derecho constitucional preparan impugnaciones contra las medidas anunciadas por la administración.

Fuente: The Guardian

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