La vulnerabilidad de los ciudadanos cubanos ante el alarmante incremento de la criminalidad quedó en evidencia tras el robo de paneles solares y cables a una pareja de ancianos enfermos en el centro de Santa Clara, un delito que tardó siete horas en recibir respuesta policial y que refleja la impunidad con la que operan las bandas delictivas en el país, mientras la cúpula gobernante prioriza la propaganda sobre la seguridad nacional.

La denuncia pública fue realizada por la actriz Yoli González Reyes, vecina de las víctimas, Clarita y Artiles, padres del reconocido médico patólogo local Daniel Artiles.

El suceso ocurrió en la céntrica calle Lubián, entre Padre Chao y Marta Abreu, a solo tres cuadras del Parque Vidal. Los delincuentes desmontaron y sustrajeron los paneles y cables con tal nivel de sofisticación que no despertaron las sospechas del vecindario, los perros no ladraron y nadie escuchó nada.

La denuncia oficial se tramitó antes de las 8:00 a.m., pero los peritos policiales no se presentaron en el lugar hasta pasadas las 3:00 p.m., confirmando la ineficacia del sistema de orden público para proteger a la población.

Este incidente se enmarca en un escenario generalizado de crisis social.

Mientras Cuba se hunde en un colapso eléctrico sistémico y miles de familias van a dormir con el estómago vacío debido a la escasez de alimentos, la delincuencia común ha escalado hacia niveles inéditos de violencia, muertes y robos a propiedad privada.

La inacción de los órganos policiales ante todo lo que no sea represión es marcada.

El robo a esta vulnerable pareja de ancianos contrasta de forma crítica con la agenda pública del gobernante Miguel Díaz-Canel.

En lugar de coordinar estrategias eficaces contra la crisis energética y la ola criminal que desborda las calles, el mandatario concentra los recursos estatales en transmisiones propagandísticas y espacios radiales para desviar la atención de su incapacidad de gestión.

El abandono estatal en las noches cubanas convierte a la ciudadanía en cómplice forzada de una vulnerabilidad que el propio régimen se niega a resolver.

Fuente: Yoli González Reyes

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