La administración de Donald Trump puso en marcha un conjunto de medidas que refuerzan severamente el control migratorio en Estados Unidos, afectando de manera directa a miles de inmigrantes en situación irregular.

El anuncio, realizado este viernes, señala que se aplicarán restricciones inmediatas a los beneficios federales en áreas clave como alimentos, salud, educación y trabajo. Las decisiones impactan con especial dureza a comunidades vulnerables, entre ellas familias migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Uno de los focos centrales es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como los cupones de alimentos. Desde el Departamento de Agricultura, bajo la dirección de Brooke L. Rollins, se anunció que ningún inmigrante en situación irregular podrá seguir accediendo a estos beneficios. Si bien la ley ya prohíbe formalmente esta práctica, el gobierno ha iniciado un endurecimiento de los mecanismos de verificación migratoria y de identidad para garantizar su cumplimiento, citando supuestos casos de fraude como justificación.

"Se acabó el pan de piquito", se dijo en tono popular al comentar el anuncio, que ha sido interpretado como un paso más en la estrategia de eliminar cualquier apoyo público a los inmigrantes irregulares.

La nueva política no solo refuerza la exclusión para quienes no tienen estatus legal, sino que también limita el acceso para migrantes bajo programas como el asilo y el parole humanitario, quienes dejarán de recibir ayuda al expirar sus permisos de permanencia.

El golpe no se limita al acceso a alimentos. Una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump —la 14218— establece como prioridad eliminar lo que denomina "subsidio del contribuyente a las fronteras abiertas".

En ese contexto, la Casa Blanca informó que otros departamentos como Salud, Trabajo, Justicia y Educación han comenzado a aplicar nuevas interpretaciones de la ley de reforma de la asistencia social de 1996. Estas interpretaciones excluyen del acceso a beneficios públicos federales a cualquier persona sin estatus migratorio regularizado.

En el terreno educativo, el programa Head Start, que ofrece educación preescolar gratuita a familias de bajos ingresos, dejará de estar disponible para los hijos de inmigrantes indocumentados. Asimismo, los programas de salud mental y tratamiento de adicciones serán ahora accesibles solo para ciudadanos estadounidenses y algunos inmigrantes con estatus regular.

"La generosidad del contribuyente estadounidense ha sido mal utilizada por años", aseguró Rollins, mientras el comunicado de la Casa Blanca sostiene que estas reformas preservarán unos 40 mil millones de dólares en recursos públicos.

La medida se presenta como una respuesta a las demandas de la base conservadora y marca un regreso a las políticas más estrictas de la primera administración Trump.

Aunque la aplicación de estas disposiciones será inmediata, la implementación final está sujeta a un proceso de consulta pública abierto por 30 días. No obstante, las primeras consecuencias ya se sienten en los hogares más vulnerables del país, donde el retiro de los beneficios federales agrava la inseguridad alimentaria y social.

El endurecimiento de estas políticas refuerza el perfil de la campaña de Trump rumbo a noviembre y redefine el mapa de asistencia pública en Estados Unidos, mientras miles de inmigrantes se enfrentan a un futuro cada vez más incierto.

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