El presidente Donald Trump parece estar más cerca que nunca de materializar uno de sus proyectos más polémicos: la reapertura de la prisión de Alcatraz como un centro federal de detención.

La fiscal general Pam Bondi y el secretario del Interior Doug Burgum visitaron este jueves la Isla, ubicada en la bahía de San Francisco, para evaluar el sitio donde, según fuentes oficiales, se anunciará en breve el inicio formal del plan.

El Congreso, en paralelo, estaría por introducir una ley que eliminaría las protecciones ambientales sobre la Isla y la retiraría del sistema de parques nacionales.

Cerrada desde 1963 y reconvertida en un sitio turístico que genera cerca de 60 millones de dólares al año, Alcatraz volvería a convertirse en prisión, en un giro político que para muchos representa una regresión simbólica hacia una política de “disciplina y castigo”.

Reacondicionar la histórica cárcel tendría un costo estimado de 250 millones de dólares, lo que ha provocado críticas incluso dentro del Congreso. La congresista Nancy Pelosi tildó la idea como “la más estúpida de esta Administración” y denunció que solo puede entenderse como un gesto populista en plena campaña electoral.

Organizaciones ambientalistas también han levantado la voz, denunciando el impacto ecológico de intervenir un espacio protegido desde 1972. La Isla, incorporada al área recreativa nacional Golden Gate, alberga especies únicas y representa un valor ecológico considerable. Revertir su condición legal como área protegida abriría un precedente preocupante.

“Alcatraz simboliza la autoridad y la contención extrema que Trump busca proyectar como parte de su política de ‘ley y orden’”, han advertido analistas políticos. En esa misma línea, la administración ya ha construido el centro de detención “Alligator Alcatraz” en Florida, donde más del 95% de los migrantes detenidos son latinoamericanos. El plan se completa con la proyección de cinco nuevos megacentros en estados republicanos.

Más allá del impacto ecológico y económico, lo que está en juego es el mensaje político que Trump pretende enviar: un regreso a la mano dura, a la contención simbólica del caos, a una narrativa donde reabrir una prisión icónica se convierte en propaganda electoral.

La reapertura de Alcatraz, si se concreta, marcaría no solo un cambio de uso del espacio, sino una reafirmación ideológica de fuerza y control como ejes de campaña.

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