La situación de un grupo de migrantes cubanos trasladados a la Base Naval de Guantánamo dio un giro inesperado tras confirmarse su regreso a territorio estadounidense, un movimiento que ha generado confusión, angustia familiar y fuertes críticas de organizaciones de derechos civiles. Se trata de unos 50 hombres, con edades entre los 20 y 50 años, cuyo futuro migratorio sigue sin una resolución clara.

Según reportes de medios estadounidenses, los cubanos se encuentran actualmente recluidos en el Centro Correccional del Condado de Adams, en Mississippi, mientras uno de ellos fue trasladado a Houston para recibir atención médica especializada. El plan inicial contemplaba su deportación definitiva a Cuba, con escala en un aeropuerto estadounidense, pero esa operación nunca llegó a concretarse.

Parte de la complejidad del caso radica en los antecedentes de algunos migrantes. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional habían indicado previamente que entre los trasladados existían personas con historial delictivo grave, lo que complica su aceptación por parte del gobierno cubano. La negativa de La Habana a recibir a ciudadanos con condenas en Estados Unidos ha obligado en el pasado a buscar terceros países o mantener a los deportados bajo custodia prolongada.

No obstante, familiares y abogados han señalado que no todos los cubanos enviados a Guantánamo encajan en ese perfil. Al menos seis de ellos contaban con permisos de trabajo vigentes y solicitudes de asilo en trámite. Algunos, cansados de procesos que podían extenderse durante años, aceptaron voluntariamente la deportación como una salida rápida, sin imaginar que terminarían en una base militar en lugar de regresar a la Isla.

Los testimonios de los allegados revelan un profundo impacto emocional. Hubo familias que incluso aguardaron durante horas en aeropuertos cubanos, convencidas de que sus parientes llegarían en vuelos de repatriación que nunca aterrizaron. La frustración y el desconcierto se mezclaron con la sensación de haber sido engañados por un sistema que prometía una solución y ofreció otra muy distinta.

Desde el ámbito legal, voces como la del abogado Lee Gelernt, de la ACLU, han calificado la operación como una maniobra de carácter político. A su juicio, el traslado a Guantánamo y el posterior retorno a Estados Unidos constituyen un mensaje intimidatorio dirigido a la comunidad migrante. La ausencia de resultados concretos, sumada al alto costo humano y logístico, refuerza la percepción de una estrategia diseñada más para infundir temor que para resolver casos migratorios.

Mientras tanto, los cubanos afectados permanecen detenidos, atrapados entre decisiones gubernamentales, tensiones diplomáticas y un futuro que continúa en suspenso.

Fuente: Periódico Cubano

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