La Unión Europea ha dado un paso decisivo para reducir su dependencia energética de Rusia al aprobar un reglamento que establece la prohibición progresiva de todas las importaciones de gas ruso, tanto por tubería como a través de metaneros, de aquí al 1 de enero de 2028.

La medida fue aprobada este lunes por los ministros de Energía de los Estados miembros, en una decisión histórica que busca reforzar la seguridad energética europea y disminuir la influencia de Moscú en el continente.

El plan de desenganche energético contempla un calendario escalonado que permitirá a los países adaptarse a la transición y buscar alternativas en gas natural licuado (GNL), energías renovables y otras fuentes de energía.

Bruselas asegura que empresas como Naturgy y Repsol podrán romper sus contratos de gas ruso sin enfrentar sanciones ni indemnizaciones, lo que facilita la reducción de la exposición de las grandes compañías a la energía proveniente de Rusia.

Sin embargo, la propuesta no contó con unanimidad. Hungría y Eslovaquia votaron en contra, argumentando que su seguridad de suministro podría verse comprometida por la rápida eliminación del gas ruso. Ambos países dependen en gran medida del gas que llega desde Rusia y han advertido que necesitarán tiempo y apoyo para garantizar el abastecimiento energético sin afectar a sus economías ni a los hogares.

Los analistas consideran que esta medida podría acelerar la transición energética de Europa hacia fuentes más limpias y diversificadas, pero también genera desafíos logísticos y económicos, sobre todo en el sur y el este del continente, donde las infraestructuras de importación de gas alternativo aún son limitadas.

Además, la prohibición llega en un contexto de tensión geopolítica entre Occidente y Rusia, y forma parte de un paquete de sanciones energéticas que busca presionar a Moscú sin afectar gravemente al consumo europeo.

La Comisión Europea ha señalado que la medida será flexible y gradual, permitiendo ajustes según la disponibilidad de GNL y la capacidad de los Estados miembros para implementar la transición.

En definitiva, esta decisión marca un punto de inflexión en la política energética europea, con implicaciones tanto económicas como geopolíticas, y coloca a la UE en un escenario de autonomía energética más fuerte frente a Rusia, aunque el camino hacia la independencia completa todavía será complejo y costoso.

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