Por primera vez en mucho tiempo, la prensa oficial cubana ha reconocido públicamente la existencia del trabajo infantil en la provincia de Las Tunas. A través del artículo “Trabajo infantil: el ocaso de los sueños”, publicado por el Periódico 26, se visibiliza una problemática que afecta cada vez a más niños y adolescentes en el país, empujados por la necesidad económica a asumir labores físicas exigentes y peligrosas.

El reportaje, firmado por la periodista Yuset Puig Pupo, expone casos concretos como el de “Pablo”, un joven de 16 años que trabaja en la producción de carbón vegetal para mantener a su familia.

También está la historia de “Cristian”, que divide su tiempo entre la escuela secundaria y el corte de pasto para la venta. Estas historias, lejos de ser aisladas, reflejan una tendencia creciente en zonas rurales y vulnerables del país.

La crisis económica que vive Cuba ha empujado a muchas familias a una situación límite. La falta de alimentos, recursos y empleos bien remunerados obliga a que los menores participen en las economías informales, muchas veces sin protección legal ni condiciones seguras.

Aunque la ley prohíbe el trabajo infantil y sanciona a quienes lo permiten, lo cierto es que las instituciones no siempre cuentan con las herramientas ni la capacidad para prevenirlo de forma eficaz.

Funcionarios como el director provincial de Trabajo y Seguridad Social, Miguel González Velázquez, reconocen que la mayoría de estos trabajos se desarrollan en la informalidad, fuera del marco legal.

Desde el sector educativo, también se han activado mecanismos de monitoreo, aunque aún no se han reportado casos de abandono escolar por razones laborales. No obstante, la Fiscalía ha tenido que intervenir en varios casos, advirtiendo a padres que permiten o fomentan estas prácticas.

El artículo cierra con una reflexión que cala hondo: “Concebir un hijo es un milagro. Pero no se puede permitir que le anochezcan los sueños tan temprano”. Esta frase resume la urgencia de atender un problema que va más allá de lo legal: es una cuestión de derechos humanos y de justicia social.

El reconocimiento oficial es solo el primer paso. La solución requiere acciones concretas para garantizar el bienestar infantil: más apoyo a las familias vulnerables, protección social real, acceso equitativo a oportunidades y una política coherente que priorice a la infancia.

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