Desde este viernes 11 de abril, entró en vigor una nueva normativa del gobierno de Donald Trump que exige a ciertos inmigrantes indocumentados registrarse oficialmente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La medida, establecida mediante la orden ejecutiva 14159, busca reforzar el control migratorio y endurecer las políticas contra quienes residen en el país sin estatus legal.

El nuevo requisito aplica a todas las personas mayores de 18 años que se encuentren en EE.UU. sin una visa vigente, sin residencia permanente o que no estén actualmente en proceso de deportación. Estos individuos deberán completar el formulario G-325R, asistir a una cita para proporcionar información biométrica —como huellas dactilares—, y portar en todo momento una constancia de registro emitida por USCIS.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el incumplimiento de este requisito puede acarrear consecuencias severas, incluyendo multas de hasta 5,000 dólares, arrestos de hasta 30 días, deportación y, en algunos casos, la prohibición de reingresar a Estados Unidos en el futuro.

La abogada de inmigración Tessy Ortiz aclaró que el registro está dirigido específicamente a personas que ingresaron de manera irregular al país y que no poseen un estatus migratorio legal. Quedan exentas de este requisito aquellas personas que:

Entraron con visa válida,

Son residentes permanentes,

Están actualmente en procedimientos de deportación.

Una vez completado el registro en línea, el solicitante recibirá una notificación para asistir a una cita de servicios biométricos. Además, USCIS ha advertido que los inmigrantes registrados deben mantener su información actualizada, especialmente en caso de cambio de dirección. No hacerlo podría constituir otra falta sancionable.

El gobierno argumenta que esta medida es necesaria para "proteger al pueblo estadounidense" y hacer cumplir una ley que, según el comunicado oficial, “ha sido ignorada durante décadas”. La administración Trump sostiene que el registro contribuirá a identificar a quienes se encuentran fuera del sistema legal de inmigración y a tomar decisiones más rápidas en casos de deportación.

Desde que se anunció la normativa a finales de febrero, organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes han expresado preocupación por el impacto que esta política podría tener sobre millones de personas. Consideran que el registro obligatorio aumenta el riesgo de deportaciones masivas y alimenta el miedo en las comunidades migrantes.

Pese a las críticas, la medida ya está en marcha, y las autoridades han indicado que comenzarán a exigir la prueba de registro en cualquier control migratorio o interacción con agencias gubernamentales. Aquellos que no puedan demostrar su cumplimiento estarán sujetos a las sanciones mencionadas.

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