La reciente cancelación del acuerdo bilateral entre Jamaica y Cuba para la contratación de personal médico cubano ha sacado a la luz décadas de prácticas laborales cuestionables, vigilancia encubierta y control interno que hasta ahora habían permanecido invisibles para la opinión pública. El Ministerio de Relaciones Exteriores jamaicano anunció el 5 de marzo la terminación del convenio, atribuyéndolo a violaciones del derecho laboral, entre ellas la confiscación de pasaportes y la gestión irregular de los salarios, un hecho que refleja tensiones prolongadas y la complejidad de las relaciones bilaterales.

La doctora jamaicana Cheryl Morgan, quien trabajó directamente con las brigadas médicas cubanas antes de residir en Estados Unidos, relató en entrevista con Jamaica Observer que “muchos fueron enviados contra su voluntad y arrancados de sus familias”. Según Morgan, algunos profesionales permanecían meses llorando por la distancia con sus seres queridos, mientras que la confiscación de documentos era práctica habitual dentro de la misión cubana. “Una vez que llegaron a Jamaica, sus pasaportes eran retenidos por líderes del grupo, quienes también eran enfermeros, y se mantenía una vigilancia constante sobre todos”, afirmó. La sensación de estar bajo escrutinio permanente generaba miedo y presión psicológica en un entorno laboral ya exigente.

El manejo de los salarios también fue un punto crítico. A pesar de que los ingresos aparentaban ser mayores que los de los colegas jamaicanos, los pagos no se realizaban directamente a los trabajadores, sino a Cuba, que liberaba solo un porcentaje. Esto obligaba a muchos profesionales a trabajar horas extras “por debajo de la mesa” para compensar el ingreso real. Investigaciones muestran que los pagos se realizaban en dólares estadounidenses al gobierno cubano, mientras la misión convertía y pagaba en dólares jamaicanos, reteniendo hasta el 50 % de los salarios, con tasas de cambio impuestas por Cuba que reducían drásticamente los ingresos efectivos de los médicos, constituyendo un riesgo claro de violación de derechos laborales y humanos.

El gobierno de Jamaica defendió la terminación del acuerdo, explicando que aunque los salarios se calculaban al mismo nivel que los profesionales locales, la falta de pagos directos y la ausencia de cláusulas claras sobre la proporción que debía recibir cada trabajador generaban dudas legales bajo la legislación doméstica y las convenciones internacionales. Según documentos internos de la misión, los médicos cubanos podían recibir entre 1.400 y 2.100 dólares mensuales, pero después de transferencias y descuentos, su ingreso real era de apenas 1.050 dólares mensuales.

Morgan subrayó el impacto humano: “Muchos no regresaron a Cuba. Se casaron, obtuvieron ciudadanía y trabajan en el sector privado. Una vez que experimentan la libertad, no quieren volver. La vida que llevan ahora es similar a la de los jamaicanos que migran a Estados Unidos”.

El contexto internacional también influyó. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, calificó los programas de Cuba como trabajo forzoso y tráfico de personas, advirtiendo que podría revocar visas a funcionarios que contrataran médicos cubanos bajo esas condiciones. En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio visitó Jamaica y denunció la retención de pasaportes y la limitación de ingresos, lo que provocó que la misión cubana comenzara a devolver documentos y reconociera por primera vez estas prácticas.

El cierre del acuerdo formal gestionado por la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos generó instrucciones a los profesionales de no firmar contratos independientes y mantener la calma ante posibles evacuaciones. Pese a ello, Jamaica aseguró que continuaría pagando los salarios mientras se gestionaba la transición y evaluaba la contratación directa del personal cubano.

El caso no es aislado. Desde 2025, más de 11 países han cancelado o modificado acuerdos médicos con Cuba, citando irregularidades similares: retención de documentos, control excesivo y pagos indirectos. Honduras inició auditorías internas tras denuncias de opacidad salarial y presencia de “falsos médicos”, mientras Dominica optó por contratos directos, eliminando la intermediación cubana.

Morgan resumió la situación: “Cuba ayuda, sí, pero también controla y explota a sus profesionales. La vigilancia interna, los espías y la retención de documentos no deberían formar parte de un programa médico internacional”. El caso plantea además interrogantes sobre lo que el gobierno jamaicano sabía desde los años 70 sobre estas prácticas y por qué no actuó antes para proteger los derechos de los profesionales, dejando en evidencia décadas de una dinámica compleja entre control político y cooperación médica internacional.

Fuentes: Medio Jamaica Observer y Diario de Cuba

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