Vecinos del reparto Agüero, en Santiago de Cuba, denuncian que el llamado “módulo para los damnificados” terminó en manos de allegados del delegado y de quienes cuidan las colas, mientras las familias verdaderamente afectadas por las recientes inundaciones se quedan sin ayuda.

Testimonios anónimos aseguran que los paquetes —un poco de arroz, una botella de aceite y un kilo de chícharos— fueron repartidos entre presidentes de CDR, vendedores de turnos y conocidos del barrio.

“El módulo fue una burla. Los que deberían recibirlo no aparecieron en las listas”, dice una residente. Otros comentarios en la publicación no dejan lugar a dudas: “Lo hacen como les da la gana para beneficio de su gente”, apunta Daniel Hervas. Para muchos, la canasta básica sigue sin llegar y lo que se entrega se convierte en un negocio local.

Hay acusaciones concretas contra personas que, según los vecinos, acaparan productos y venden turnos por 1,500 pesos. Mercedes Vargas Quinta denuncia la presencia de quienes “acaparan” y critica la ausencia del delegado: “ni el delegado Sergio aparecía y nunca se apareció… ese es un delegado con poca ética”.

La sensación de abandono se agrava cuando familias afectadas por inundaciones aseguran no figurar en ningún listado oficial. “Nos dijeron que nos dirigiéramos a la emisora 'La W' para ver si nos ayudaban, pero…”, relata una afectada que denuncia haber sido ignorada por las autoridades locales.

El malestar apunta también al comportamiento de quienes supuestamente deben velar por la justicia en la distribución. “Ellos se ríen en la cara del pueblo, es un descaro total”, escribe La Mage Ferrer.

En Portuondo y Cayo Granma, se repiten historias de vulnerabilidad: ancianos que reciben alimentos de mala calidad o familias que pagan por lo que les corresponde por derecho. “Damnificados somos todos, ¿dónde está la canasta básica?”, reclama Adis Ogunda Di, mientras otros comentarios describen cómo la venta de turnos y el acaparamiento se han vuelto moneda corriente.

Las denuncias sugieren que la ayuda, en vez de aliviar el sufrimiento, profundiza las desigualdades y alimenta la sospecha de corrupción local. Odalys Sílva recuerda: “Yo no sé de qué se asombran, siempre ha sido así desde Sandy”, señalando que estos abusos se repiten en el tiempo y erosionan la confianza comunitaria.

Familias con niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, como el caso mencionado de un niño cardiópata, siguen esperando una atención diferenciada que no llega.

La situación exige respuestas claras y sanciones a los responsables. Vecinos piden listados públicos, supervisión independiente y canales seguros para denunciar ventas de turnos y acaparamientos.

Sin transparencia, la ayuda seguirá yéndose a manos equivocadas y los más vulnerables seguirán pasando hambre. Es urgente que las autoridades locales actúen y que organizaciones civiles amplifiquen estas denuncias para evitar más injusticias. La solidaridad real debe reemplazar el "clientelismo" y el sociolismo.

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