Un tribunal de Moscú ordenó la confiscación de bienes valorados en más de 112 millones de dólares pertenecientes a Víctor Momotov, exjuez del Tribunal Supremo de Rusia, tras determinar que su patrimonio no correspondía con sus ingresos declarados. La medida, informada por la agencia oficial TASS, incluye la transferencia al Estado de casi un centenar de inmuebles y participaciones empresariales en distintas regiones del país.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General, Momotov figuraba como propietario oculto de 95 propiedades y de acciones en la cadena hotelera Morton, cuyos activos estaban registrados a nombre de sus socios Ivan y Andrei Márchenko, presuntos testaferros. El valor total de los bienes supera los 9.000 millones de rublos (unos 112 millones de dólares).

El proceso judicial forma parte de una campaña del Kremlin para revisar la legalidad de los patrimonios de altos funcionarios, iniciativa que algunos observadores vinculan con una purga interna en el poder judicial ruso. Momotov, que integraba el Supremo desde 2010, fue destituido de su cargo el pasado 26 de septiembre, un día después de que la Fiscalía presentara la demanda en su contra.

Durante el juicio, los fiscales acusaron al exmagistrado de abusar de su inmunidad para proteger negocios ilícitos relacionados con el sector hotelero, además de participar en actividades financieras encubiertas. Testimonios aportados al proceso mencionaron vínculos con figuras del Ministerio del Interior y del Servicio Federal de Seguridad (FSB), lo que refuerza la hipótesis de una red de corrupción de alto nivel.

Momotov, sin embargo, negó todos los cargos y abandonó la sala antes de conocerse el veredicto final. Sus representantes legales sostienen que la causa busca desacreditar a jueces cercanos a sectores del poder no alineados con el actual liderazgo judicial.

La decisión coincide con el ascenso de Igor Krasnov, exfiscal general, como nuevo presidente del Tribunal Supremo, designado por Vladimir Putin. Para analistas rusos, este relevo podría marcar el inicio de una reestructuración más amplia destinada a consolidar el control político sobre el sistema judicial, en medio de crecientes tensiones internas.

Paralelamente, las autoridades abrieron un nuevo proceso penal contra el opositor exiliado Mijaíl Jodorkovski, acusado de “organización terrorista”, lo que refuerza la percepción de una ola de represalias políticas dentro y fuera del país.

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