A más de tres años del inicio de la invasión a Ucrania, la economía rusa comienza a mostrar signos alarmantes de agotamiento. El país se enfrenta a un escenario de recesión inminente, con aumento de quiebras, impagos de créditos, inflación persistente y la amenaza creciente de una crisis bancaria. Incluso altos funcionarios del Kremlin han empezado a reconocer públicamente la gravedad de la situación.

Durante el reciente Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el ministro de Economía ruso, Maxim Reshétnikov, admitió que “el número de empresas en riesgo está aumentando” y que “la percepción actual sugiere que ya estamos al borde de una recesión”. La maquinaria económica rusa, que durante los primeros años de guerra se sostuvo gracias a la industria militar, parece estar llegando a su límite.

El modelo económico impulsado por el Kremlin, centrado en el gasto militar y la sustitución de importaciones, ha comenzado a mostrar severas grietas. La presidenta del Banco Central, Elvira Nabiúlina, advirtió que los recursos del actual esquema están “agotándose” y pidió una reestructuración profunda del sistema. No obstante, en Moscú no hay consenso. Mientras Nabiúlina mantiene una política de tipos de interés del 20 % para contener la inflación, funcionarios como Reshétnikov y el director de Sberbank, Herman Gref, abogan por una reducción de tasas y un debilitamiento del rublo para favorecer a los exportadores.

Este conflicto interno en la cúpula económica refleja la falta de una estrategia clara. El propio presidente Vladímir Putin reconoció que la militarización de la economía ha contribuido a la inflación, y prometió una reducción del gasto militar, que actualmente representa el 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Las consecuencias ya son palpables. El encarecimiento del crédito ha provocado la quiebra de varias empresas, especialmente en los sectores de la construcción, energía, metalurgia y madera. “Estamos entrando en una etapa donde el Estado transfiere el problema de la deuda a los bancos, que se ven forzados a financiar regiones o sectores en crisis, como Kémerovo”, explicó el economista Ígor Lipsits. Esta práctica podría, según él, desembocar en un escenario de hiperinflación similar al de Venezuela.

El rublo fuerte —resultado de la política del Banco Central— ha golpeado duramente a los exportadores, mientras que el consumo interno se contrae. Las ventas de autos nuevos cayeron un 30 % en junio comparado con el mismo mes del año anterior, y los precios de productos básicos como la patata y la cebolla aumentaron hasta un 85 % interanual. Los servicios comunales también han sufrido alzas de hasta el 40 % en algunas regiones.

Gref, exministro de Economía y actual director del mayor banco estatal, advirtió que 2026 “no será un año fácil” para las empresas ni para el sistema bancario. Aunque Nabiúlina intentó calmar las aguas tildando de “infundados” esos temores, la realidad apunta en otra dirección.

Los analistas coinciden en que la industria militar, que en 2023 y 2024 impulsó temporalmente el crecimiento, ha agotado su capacidad como motor económico. La falta de inversión en sectores civiles y la dependencia excesiva del gasto bélico han debilitado el tejido productivo. El resultado es una economía altamente vulnerable, poco diversificada y con una creciente carga social.

El modelo ruso, que intentó resistir las sanciones internacionales y adaptarse al aislamiento económico, parece estar colapsando por dentro. Las señales son claras: desaceleración industrial, caída del consumo, inflación persistente, tensiones en la cúpula económica y advertencias de una posible crisis bancaria.

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