El régimen castrista en Cuba anunció un endurecimiento de las políticas penales, enfocadas en “delitos de especial prioridad”, en respuesta al incremento de la delincuencia y la percepción de inseguridad en la Isla. La medida fue difundida a través del programa televisivo oficialista Hacemos Cuba, donde participaron representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.

Durante la transmisión, las autoridades vinculaban el aumento de delitos con la crisis económica y social que atraviesa el país, destacando la incidencia de homicidios, robos con violencia, delitos relacionados con drogas y actividades del crimen organizado. El coronel Idael Fumero Valdés, jefe de la Dirección Técnica de Investigaciones del Ministerio del Interior, reconoció que la situación ha generado un incremento de actos delictivos, aunque señaló algunos avances en su reducción.

El gobierno anunció la implementación de medidas más estrictas en las zonas con mayor conflictividad, incluyendo un incremento del control policial y la aplicación intensiva de la prisión provisional, alegando “circunstancias excepcionales” derivadas de la crisis económica y política. La Instrucción 273, emitida por el Tribunal Supremo Popular, busca garantizar juicios rápidos y penas proporcionales a la gravedad de los delitos, con especial énfasis en sabotajes contra infraestructuras críticas como el sistema eléctrico, el transporte público y las telecomunicaciones.

Asimismo, se abordó el papel de las redes sociales, señaladas por las autoridades como instrumentos que, aunque útiles para informar, pueden amplificar la violencia y generar pánico. Según la versión oficial, grupos opositores habrían utilizado estas plataformas para difundir una “falsa percepción de inseguridad”, aumentando la presión sobre el gobierno para demostrar su capacidad de mantener el control.

El fiscal José Luis Reyes Blanco y el coronel Fumero coincidieron en que los delitos que atenten contra infraestructuras esenciales serán castigados con la máxima severidad, al considerarse una amenaza directa a la estabilidad económica, social y política del país. Con estas medidas, el régimen busca reforzar el control social y desalentar cualquier manifestación de desobediencia o crítica, en un contexto marcado por tensiones económicas y un creciente malestar ciudadano.

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