El régimen cubano ha desplegado oficiales de las tropas especiales alrededor de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en la oriental provincia Santiago de Cuba.

En las imágenes que fueron difundidas a través del canal oficial de YouTube de la organización, se aprecian también policías uniformados.

“Fuerte operativo alrededor de la sede de la UNPACU, no sabemos los motivos, hay tropas especiales y guardias con el uniforme de los que usa el MININT”, explican en el material.

Los hechos ocurren después de trascender que la Fiscalía de Cuba revocó la detención domiciliaria del opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la organización, y lo condenó a permanecer en la cárcel los más de cuatro años que le restan de condena por una supuesta agresión.

A Ferrer lo detuvieron el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 lo condenaron a prisión después de un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a otro hombre.

Pero este cargo ha sido negado por sus familiares y colaboradores.

“Tras seis meses encerrado, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria”, reseñan.

Sin embargo, el activista volvió a ser arrestado el 11 pasado 11 de julio al iniciar el estallido social en la isla.

Sus allegados publicaron un auto del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba con fecha del 12 de agosto, donde el juez revoca el arresto domiciliario del líder opositor y ordena su ingreso en un establecimiento penitenciario para que cumpla allí los 4 años y 14 días que le restan de condena.

Para justificar la decisión, el magistrado alega que Ferrer ha mantenido "una actitud contraria a los requisitos que debe cumplir" durante su etapa de arresto domiciliario, según el documento del tribunal, que contempla un período de tres días para recurrir.

El juez añade que el condenado no se incorporó a su trabajo y presentó "comportamientos incorrectos y desafiantes a la autoridad", además de estar procesado por un nuevo delito de desórdenes públicos, cargo que se ha venido imputando en las pasadas semanas a muchos de los manifestantes del 11 de julio.

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