El Gobierno cubano volvió a recurrir este 30 de enero a su discurso más conocido para responder a las nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos, reafirmando una narrativa que se repite desde hace décadas mientras la población enfrenta una crisis económica y social cada vez más insoportable.

En una declaración oficial, el régimen condenó “en los términos más enérgicos” la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, que permitiría imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. El texto insiste en presentar la decisión como una agresión imperialista y una violación del Derecho Internacional, sin asumir responsabilidad alguna por el colapso interno del país tras más de 65 años de políticas fallidas.

Lejos de ofrecer señales de apertura, negociación o reformas reales, la dirigencia cubana volvió a apelar al mismo lenguaje de confrontación, victimismo y épica revolucionaria, mientras la isla atraviesa apagones constantes, escasez de alimentos, falta de medicinas, transporte colapsado y un éxodo masivo sin precedentes. La retórica oficial, una vez más, ignora el agotamiento de un pueblo que ya no tiene margen para resistir más sacrificios.

El comunicado acusa a Washington de mentir y de inventar amenazas inexistentes, pero omite cualquier referencia a la incapacidad del Estado cubano para garantizar condiciones mínimas de vida a sus ciudadanos. Tampoco reconoce que la crisis energética y económica no es un fenómeno reciente ni exclusivamente provocado por sanciones externas, sino el resultado acumulado de un modelo centralizado, ineficiente y cerrado al cambio.

Mientras el régimen asegura estar dispuesto al diálogo “en condiciones de igualdad”, sus acciones contradicen ese discurso. No hay propuestas concretas para aliviar la situación del país, ni señales de flexibilización política, económica o institucional que permitan una salida negociada en beneficio de la nación. La prioridad sigue siendo preservar el poder, incluso si eso implica seguir empujando a la población a la miseria.

La declaración insiste en que Cuba es un país de paz y solidaridad, pero evita mencionar que millones de cubanos sobreviven gracias a remesas, mercados informales y ayuda familiar, en un entorno donde el salario estatal no alcanza para cubrir necesidades básicas. El sacrificio del pueblo vuelve a presentarse como una virtud revolucionaria, cuando en realidad es la consecuencia directa de un sistema que ha fracasado sistemáticamente.

El tono beligerante culmina, como es habitual, con consignas de resistencia y llamados a enfrentar la “arremetida” con firmeza, reafirmando la disposición del poder a prolongar el enfrentamiento indefinidamente. No hay autocrítica, no hay revisión del rumbo, no hay reconocimiento del sufrimiento cotidiano de la población.

Más de seis décadas después, el régimen cubano sigue optando por el mismo libreto: culpar al enemigo externo, cerrar filas y exigir sacrificios, en lugar de buscar soluciones reales, mecanismos de negociación eficaces o cambios estructurales que permitan a Cuba salir del estancamiento. El resultado es un país exhausto, sin recursos y sin horizonte, donde la consigna oficial contrasta brutalmente con la realidad de millones que ya no aguantan más decadencia, más carencias y más promesas vacías.