El Ministerio de Comercio Interior de Cuba (Mincin) ha confirmado lo que millones de cubanos ya padecen en su día a día: la canasta familiar normada de enero no incluirá productos cárnicos, aceite ni café. Además, en varias provincias del occidente y centro del país, el arroz correspondiente a diciembre aún no ha sido distribuido, pues se sigue a la espera de la llegada de buques. Mientras tanto, el pueblo cubano sobrevive con la asignación de apenas dos libras de azúcar y 10 onzas de chícharos, una cantidad que resulta insuficiente para alimentar a una familia.

A pesar de estas paupérrimas condiciones, el régimen insiste en justificar la crisis con el habitual discurso de las “afectaciones financieras y logísticas”, atribuyendo la responsabilidad al embargo estadounidense. Sin embargo, lo que realmente queda en evidencia es la incapacidad del gobierno para garantizar una alimentación digna a su población. La escasez de productos esenciales no es un fenómeno reciente ni una consecuencia exclusiva de sanciones externas, sino el resultado de una planificación económica ineficiente y una corrupción institucionalizada que ha desangrado al país durante décadas.

El deterioro del sistema de distribución de alimentos es un reflejo directo de la crisis estructural del modelo cubano. La leche en polvo, por ejemplo, fue entregada solo por 20 días en enero para niños de 0 a 2 años en la mayoría de las provincias, mientras que en Pinar del Río, Artemisa y Granma solo se distribuyó para 10 días. El pan normado sigue en circulación, aunque su calidad y disponibilidad dependen de la llegada de materia prima, una situación que lejos de estabilizarse, se ha vuelto cada vez más precaria.

Ante este panorama desolador, el régimen cubano no solo es incapaz de ofrecer soluciones reales, sino que recurre a la manipulación de datos para intentar engañar a la comunidad internacional. Informes oficiales presentados a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirman que los cubanos se alimentan igual que poblaciones de países como Chile, Uruguay y Costa Rica, una afirmación absurda que contradice la realidad palpable en las calles de la isla. Mientras el gobierno cubano busca maquillar la crisis con cifras irreales, la escasez de alimentos sigue golpeando con fuerza a la ciudadanía, obligándola a recurrir al mercado negro o a depender de la solidaridad de familiares en el extranjero para subsistir.

La estrategia oficialista de culpar a factores externos y vender una imagen ficticia de estabilidad ya no convence a nadie. La falta de productos básicos en la canasta normada es una muestra clara del fracaso del modelo estatal centralizado y de la negligencia de un gobierno que prioriza la propaganda antes que el bienestar de su pueblo. La crisis alimentaria en Cuba no es una percepción, es una realidad que se agrava día tras día y que demuestra la incompetencia de una administración que, lejos de solucionar el hambre de su gente, se especializa en esconderlo tras discursos vacíos y estadísticas manipuladas.

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