El régimen de La Habana volvió a mostrar su rostro represivo al dictar duras condenas contra 15 ciudadanos acusados de participar en las protestas pacíficas ocurridas en Bayamo, provincia de Granma, en 2024. Las penas, que oscilan entre seis y nueve años de cárcel para la mayoría de los encausados, forman parte de la estrategia del gobierno para sofocar cualquier intento de movilización social en un país asfixiado por la crisis económica y la falta de libertades.

Según el fallo del Tribunal Municipal Popular de Bayamo, los acusados habrían incurrido en delitos como “desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir”. Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos denuncian que estos cargos suelen ser fabricados para castigar la disidencia y desmovilizar a un pueblo cada vez más cansado de la miseria.

Durante la vista oral, que se extendió por cuatro días, se escucharon testimonios y se practicaron pruebas documentales y periciales. Aun así, las sentencias fueron severas: ocho ciudadanos recibieron penas de entre seis y nueve años de privación de libertad, cinco fueron condenados a entre tres y cinco años, y otros dos a trabajo correccional sin internamiento.

El tribunal justificó las condenas asegurando que los manifestantes “atentaron contra la estabilidad y la seguridad ciudadana”. No obstante, el trasfondo revela un patrón bien conocido: el temor del régimen a que las expresiones de descontento social se multipliquen en las calles, como ya ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos exigieron libertad y mejores condiciones de vida en todo el país.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha demostrado que su respuesta ante el descontento no es atender las demandas populares, sino aumentar la represión. En este caso, la fabricación de cargos como “instigación a delinquir” o “desacato” es parte de un guion repetido que criminaliza el derecho a la protesta y convierte en delincuentes a ciudadanos que simplemente expresan su cansancio ante la escasez, los apagones, la inflación y la falta de oportunidades.

Más allá de las sentencias, lo que se busca es sembrar miedo entre los cubanos: mostrar que cualquier intento de reclamar derechos básicos puede costar la libertad durante años. La represión judicial se convierte así en un instrumento político destinado a paralizar la indignación popular y garantizar el control de un sistema cada vez más cuestionado.

Aunque los acusados pueden apelar la sentencia ante el Tribunal Provincial de Granma, la experiencia demuestra que las instancias judiciales en Cuba actúan como brazo del poder político y rara vez modifican fallos de este tipo. El régimen insiste en afirmar que se respetaron “todas las garantías procesales”, pero la realidad es que en Cuba la justicia está subordinada al Partido Comunista y a los intereses de la cúpula gobernante.

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