El gobierno cubano ha anunciado con premura la ampliación de los puntos de acceso inalámbricos (Wi-Fi) en varios centros universitarios del país, una medida que, más allá del barniz tecnológico, responde al creciente temor del régimen ante el paro estudiantil convocado en rechazo al reciente incremento de las tarifas de internet.

Desde la mañana de este miércoles, la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), a través de su canal oficial, informó sobre el inicio de los trabajos para extender la cobertura de red en el campus. La ampliación prioriza los edificios docentes y zonas de alta afluencia estudiantil, supuestamente con el objetivo de “mejorar la conectividad” y “garantizar el soporte a los procesos universitarios”.

Sin embargo, esta medida, presentada como un avance institucional, llega en un momento de alto descontento juvenil tras las restricciones impuestas por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), que limitan las recargas nacionales de datos a 360 CUP cada 30 días. En un país donde el salario promedio apenas alcanza para cubrir necesidades básicas, esta decisión ha sido vista como una burla a los sectores más vulnerables, especialmente los estudiantes.

La respuesta del gobierno, en lugar de escuchar las demandas legítimas del estudiantado, ha sido doble: por un lado, endurecer el discurso institucional, como hizo recientemente la Universidad de La Habana al rechazar el paro académico y reafirmar su lealtad al Partido Comunista; por el otro, lanzar apresuradas iniciativas tecnológicas como la actual, que buscan calmar los ánimos sin modificar la estructura tarifaria que originó el malestar.

Lejos de ser una solución real al problema de fondo —el acceso asequible a internet para toda la población—, la ampliación de puntos Wi-Fi dentro de los campus universitarios parece más una estrategia para contener la protesta y controlar la narrativa. El régimen teme que los estudiantes utilicen el acceso a internet para articular un discurso independiente, denunciar públicamente las injusticias o coordinar acciones más amplias de desobediencia civil.

Las universidades, en teoría espacios para el pensamiento crítico y el debate, se han convertido en trincheras ideológicas al servicio del poder. La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que colabora activamente en esta iniciativa, ha sido históricamente una extensión del aparato estatal, y no una voz auténtica del estudiantado.

El temor del régimen no es al acceso, sino a lo que puede desatarse cuando la juventud accede a la información sin filtros: cuestionamientos, demandas, organización. El paro convocado por estudiantes de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana es solo la punta del iceberg de un malestar profundo, que ni antenas ni más megabytes podrán contener.

Estas maniobras tecnológicas, disfrazadas de progreso, son en realidad parches desesperados de una dictadura que ha perdido el control del relato y teme, más que nunca, el poder transformador de la juventud conectada.

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