La administración entrante de Donald Trump ha dejado claras sus intenciones de intensificar las deportaciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, con un foco en aquellos con antecedentes criminales o conexiones con pandillas. La reciente designación de Tom Homan como jefe de operaciones de inmigración y su declaración sobre priorizar la seguridad nacional y pública subraya este objetivo.

Entre 2015 y 2024, la Corte de Inmigración de EE. UU. emitió aproximadamente 928,619 órdenes de deportación en ausencia para personas que no se presentaron a sus audiencias, incluidas familias y menores no acompañados. Muchos de estos inmigrantes se encuentran en situación irregular y se convierten en objetivos de deportación al no haber completado sus procesos legales. Según Homan, más de 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales y órdenes de deportación serán el principal objetivo de estas acciones.

La idea de realizar un millón de deportaciones en el primer año fue mencionada por el republicano J.D. Vance, lo que generó preocupación entre comunidades inmigrantes y defensores de derechos humanos. Si bien algunas personas perciben estas promesas como medidas de campaña, la retórica y las nuevas designaciones han despertado temores de que la administración sea firme en su postura.

Durante una entrevista en Fox News, Homan reafirmó que los esfuerzos de deportación estarán dirigidos a individuos considerados amenazas a la seguridad pública y miembros de pandillas. También aclaró que las deportaciones no se enfocarán en ciudadanos estadounidenses, luego de que este rumor se mencionara en un programa televisivo, generando confusión.

El plan, sin embargo, plantea varias preguntas sobre su viabilidad: ¿Tiene el gobierno federal la capacidad de llevar a cabo un millón de deportaciones en un solo año? ¿Qué implica este enfoque para quienes han construido una vida en EE. UU. pero tienen orden de deportación en ausencia?

Ante este panorama, los inmigrantes con órdenes pendientes o antecedentes deben estar informados sobre sus derechos. Consultar a abogados especializados en inmigración y mantenerse al tanto de los recursos disponibles puede ser clave para quienes puedan enfrentar procesos de deportación en esta nueva era de políticas migratorias más severas.

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