La noche del pasado 13 de noviembre, el poblado de Mabay, a unos 15 kilómetros de Bayamo, provincia de Granma, fue escenario de un nuevo feminicidio. Según denunció la página de Facebook "La Tijera", Vania Mojena perdió la vida a manos de su expareja, Emmanuel, conocido en la comunidad como "Chindo", quien la atacó con un machete en presencia de dos menores.

De acuerdo con el relato compartido por "La Tijera", Emmanuel había regresado recientemente a Cuba tras servir como mercenario del ejército ruso en la invasión a Ucrania. A pesar de su historial de violencia y conducta agresiva, las autoridades permitieron su regreso al país.

El feminicidio no fue un acto aislado; las denuncias señalan que la policía local conocía los antecedentes de violencia del agresor contra otras exparejas, pero no tomó medidas preventivas. La inacción policial resalta la falta de mecanismos efectivos para proteger a las mujeres en situaciones de riesgo.

El caso de Vania Mojena es parte de un preocupante aumento de feminicidios en Cuba. En los últimos años, las organizaciones independientes y activistas han alertado sobre un incremento de estos crímenes, en un contexto donde el Estado no reconoce oficialmente el feminicidio como una categoría legal ni publica estadísticas claras al respecto.

En lo que va de 2024, colectivos como Yo Sí Te Creo en Cuba y la Red Femenina de Cuba han documentado decenas de feminicidios, basándose en denuncias de familiares y comunidades. Estos casos reflejan no solo la falta de protección para las víctimas, sino también la ausencia de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia de género.

La impunidad y la falta de acción gubernamental ante estos crímenes dejan a las mujeres cubanas en una posición vulnerable. En el caso de Mabay, la presencia de dos menores como testigos del ataque agrava aún más el impacto del feminicidio, perpetuando un ciclo de trauma y violencia en la comunidad.

Es urgente que las autoridades cubanas implementen medidas concretas para proteger a las mujeres y prevenir la violencia de género, incluyendo la creación de refugios, líneas de atención, y un marco legal que contemple el feminicidio como un delito autónomo.

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