La Universidad de Oriente informó con bombo y platillo que 423 docentes, investigadores y trabajadores administrativos —además de personal de centros asociados como la Empresa de Interfaz de Ciencia y Tecnología Cintro S.A.— recibirán módulos fotovoltaicos entregados al Ministerio de Educación Superior, como parte del “Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional”.

En su página oficial de Facebook, la institución añadió que los jubilados también están incluidos, calificando la decisión como “una justa medida”, y que la entrega “favorece el aprovechamiento de las energías renovables y mejora la calidad de vida de la comunidad universitaria”.

Más allá del anuncio, el impacto luce limitado: la Universidad de Oriente es una de las más grandes del país, por lo que la cifra supone una fracción menor de su plantilla y no toca a los cientos de profesores y empleados que han emigrado ante salarios bajos y malas condiciones laborales.

Críticos subrayan que, en un contexto de apagones prolongados y termoeléctricas deterioradas, repartir algunos paneles solares no modifica el panorama de un sistema colapsado. Señalan causas persistentes como falta de mantenimiento, corrupción en empresas estatales y escasez de combustible, que mantienen a millones de cubanos entre cortes, pérdida de refrigeración y desesperanza.

En paralelo, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Pinar del Río anunció un programa de créditos para adquirir equipos de energías renovables; según el medio oficialista Cubadebate, la medida busca “impulsar tecnologías sostenibles y simplificar los trámites”. No obstante, el acceso estaría restringido a trabajadores de la salud y la educación preseleccionados por el Estado, lo que para críticos convierte la iniciativa en otro filtro de privilegios, con beneficios para unos pocos mientras la mayoría sigue a oscuras.

En síntesis, la entrega de paneles puede aliviar temporalmente a beneficiarios específicos, pero no resuelve la crisis estructural del Sistema Electroenergético Nacional ni sustituye las reformas de fondo que exigirían inversión, transparencia y un plan energético integral.

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