La denuncia que llega desde la prisión de Agüica, en Matanzas, y que relata el golpe dado por un coronel a un recluso ( coronel Emilio, prisionero Rafael Pérez Pérez) —con la pérdida de piezas dentales y el traslado a régimen de máxima seguridad para separarlo de su familia— no es un caso aislado, sino parte de un patrón de violencia e impunidad que familiares, presos y activistas vienen señalando desde distintas cárceles del país.

Las voces que claman justicia se multiplican en los patios, en llamadas cortadas y en publicaciones que intentan atravesar el cerco informativo.

En Agüica, según las quejas difundidas, el oficial señalado lleva tiempo comportándose con impunidad: faltar el respeto, golpear a internados y aplicar castigos que humillan y lesionan la dignidad. Testimonios similares han surgido en otras instituciones penitenciarias: en el Combinado del Este se han descrito tratos degradantes; en Boniato, en Santiago de Cuba, denuncias de malos tratos y condiciones sanitarias precarias; y en centros como Guanajay y otras unidades de alta seguridad, familiares reportan aislamiento prolongado, incomunicación y sanciones que parecen buscar el sometimiento más que la rehabilitación.

Estas quejas coinciden en un punto clave: la ausencia de mecanismos efectivos e independientes que investiguen y sancionen a quienes abusan.

La prisión no debería ser sinónimo de tortura ni de castigo privado y arbitrario. La función legítima de un sistema penitenciario es garantizar el orden y la seguridad, respetando derechos humanos básicos: integridad física, acceso a la familia, atención médica y procesos disciplinarios transparentes. Cuando un funcionario agrede y la administración responde con aislamiento y silencio, la institución se convierte en cómplice.

Las familias que claman, las voces de solidaridad y las organizaciones que monitorean derechos penales exigen investigaciones imparciales, la atención médica urgente para los lesionados y la garantía de comunicaciones con sus seres queridos. Es necesario documentar cada caso, reunir pruebas y elevar las denuncias a instancias nacionales e internacionales para romper la cadena de impunidad.

La sociedad debe escuchar y no normalizar la violencia estatal ni permitir que el uniforme cubra la arbitrariedad. Si existe una esperanza de cambio, pasa por la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la humanidad de todas las personas privadas de libertad.

Fuente: Díaz Canel Sin Gao

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