Marcos de la Luz Caballero Granados tenía apenas 19 años cuando fue detenido en Cuba por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Su “delito”: escribir carteles con un mensaje directo y humano —“Leche para los niños”.

Por este acto, el régimen lo condenó a 10 años de prisión bajo los cargos de “desacato” y “propaganda enemiga con carácter continuado”. A más de cinco años de su encarcelamiento, las autoridades cubanas siguen negándole la libertad condicional, a pesar de cumplir todos los requisitos legales para obtenerla.

El más reciente rechazo se notificó el 28 de marzo de 2025, aunque ya antes —en 2024— había recibido una negativa similar. Lo que indigna no es solo la dureza de la pena, sino la persistente obstinación del sistema para mantenerlo encarcelado.

Marcos cumple su sanción en el campamento de trabajos forzados Los Caneyes, en Santa Clara. Allí, según él mismo denunció telefónicamente el pasado 23 de junio, ha mantenido “una correcta disciplina y acatamiento del régimen establecido”, tal como reconoce el propio tribunal. Sin embargo, eso no ha bastado.

"Después de analizado el expediente carcelario (…) ello no resulta suficiente para acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta la actividad y consecuencias de los hechos cometidos, al tratarse de un hecho que atenta contra la actividad y seguridad ciudadana", reza el documento emitido por el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara. ¿Cómo puede considerarse un atentado contra la seguridad ciudadana escribir una frase en defensa de la infancia?

Los jueces responsables de esta resolución —Noraimi Blanco Echarte, Celia Gómez Peralta y la jueza ponente Lisandra Isabel Molina Trinidad— han ignorado lo que estipula el propio reglamento penitenciario cubano: los reclusos menores de 20 años en el momento de su sanción, y condenados por primera vez, pueden aspirar a la libertad condicional tras cumplir un tercio de su condena y mantener buena conducta.

Marcos cumple todos esos criterios, pero el Estado prefiere castigar el gesto simbólico de quien, simplemente, pidió leche para los niños.

"El caso de Marcos no es un hecho aislado, sino el retrato de una política que criminaliza la disidencia, incluso en su forma más pacífica y elemental". Lo que comenzó como una protesta mínima se ha convertido en una tragedia personal y familiar que pone en evidencia las grietas del sistema judicial cubano. Lejos de representar un riesgo para la seguridad nacional, Marcos representa la voz de una generación que no se resigna al silencio.

La negativa a concederle libertad condicional —tanto por vía judicial como administrativa— revela la verdadera naturaleza de la represión en Cuba: no importa la proporcionalidad, no importan las reglas. Lo que importa es el mensaje ejemplarizante: ¡quien disienta, aunque sea con un cartel inocente, pagará las consecuencias! Y ese precio, para Marcos de la Luz, ha sido brutalmente alto.

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