Miles de inmigrantes beneficiarios del programa de parole humanitario en Estados Unidos enfrentan un futuro incierto, tras la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar de manera inmediata los permisos de permanencia y trabajo otorgados bajo esta medida. Sin embargo, un grupo de patrocinadores y beneficiarios no se rinde y ha presentado una moción de juicio sumario ante una Corte Federal en Boston, con el objetivo de obtener una decisión judicial definitiva que los proteja.

El programa de parole, implementado en 2023 por el gobierno de Joe Biden, permitió que más de 530,000 personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití ingresaran legalmente al país por razones humanitarias. El objetivo era ofrecer una vía segura y controlada para quienes huían de crisis económicas, sociales o políticas en sus países de origen. Ahora, con el cambio de política impulsado por la administración de Donald Trump, estos migrantes podrían perder todo en cuestión de semanas.

Según explicó Adela de la Torre, del Justice Action Center, si la jueza aprueba la moción presentada recientemente, se suspendería la revocación masiva del parole y de los permisos de trabajo. De lo contrario, miles de personas podrían ser expulsadas, aun habiendo ingresado legalmente bajo las reglas vigentes en su momento.

El DHS ya comenzó a notificar por correo electrónico a los beneficiarios que su estatus ha sido cancelado. El documento indica que deberán abandonar el país voluntariamente o enfrentar detención y deportación inmediata, sin derecho a hacer arreglos personales previos.

En paralelo a esta batalla legal, se presentó otra moción ante una corte federal solicitando que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) acelere las solicitudes pendientes de parole humanitario registradas antes de que se anunciara la suspensión temporal del programa. Esta acción responde a una orden judicial que exige al USCIS reanudar el procesamiento de las solicitudes para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Aunque esta nueva moción no busca cambiar los criterios de elegibilidad, sí intenta establecer un calendario claro para garantizar que los solicitantes reciban respuesta en tiempo razonable. Para muchos migrantes, esto podría significar una oportunidad de estabilizar su situación legal y planificar un futuro en el país, mientras aguardan una solución definitiva en los tribunales.

Las organizaciones que respaldan estas acciones legales advierten que los afectados son en su mayoría personas que llegaron a Estados Unidos en busca de protección, han vivido de forma ordenada, y cuentan con patrocinadores y redes de apoyo familiar. En muchos casos, ya trabajan, pagan impuestos y contribuyen a sus comunidades.

Recomendado para ti