Un hecho aparentemente cotidiano ocurrido en La Habana revela una realidad mucho más profunda y alarmante: el peso cubano pierde valor a una velocidad tal que incluso los billetes “grandes” comienzan a ser rechazados. Ya no se trata únicamente de las monedas fraccionarias —prácticamente desaparecidas del comercio—, sino también de los billetes de 1, 5, 10, 20 e incluso 50 pesos, que muchos trabajadores por cuenta propia (TCP) y pequeñas empresas privadas simplemente no aceptan.

El episodio fue recogido por el periódico oficialista Tribuna de La Habana, a partir de una queja de un cliente que intentó comprar una jaba de nylon por 20 pesos en un punto de venta privado ubicado en Boyeros. Al pagar con un billete de 10 y dos de 5 pesos, la dependienta le informó que solo se aceptaban billetes de 100 pesos en adelante. El dinero, aunque legal y emitido por el Banco Central de Cuba, fue considerado inútil.

El periodista de Tribuna centra su crítica en los TCP y las mipymes, acusándolos de violar las normas bancarias y de abusar del consumidor. Sin embargo, omite deliberadamente al verdadero responsable del problema: un régimen que ha llevado al país a una inflación descontrolada, pulverizando el poder adquisitivo del peso cubano y obligando a la población a sobrevivir en un mercado donde la ley monetaria dejó de tener sentido.

La realidad es clara: el peso cubano cada vez compra menos, y los billetes de baja denominación se han vuelto imprácticos para los propios comerciantes. No porque no sean legales, sino porque no alcanzan para reponer mercancías, casi todas adquiridas a precios inflados o directamente en moneda extranjera. En un país donde un simple producto básico puede costar cientos o miles de pesos, aceptar billetes de 5 o 10 se vuelve, para muchos vendedores, una carga más que una solución.

El problema, por tanto, no es la “indisciplina” de los TCP, como insiste el discurso oficial, sino un sistema económico fallido que ha destruido la confianza en la moneda nacional. El Banco Central sigue emitiendo billetes que en la práctica no sirven, mientras los salarios y pensiones quedan reducidos a cifras simbólicas frente al costo real de la vida.

Resulta además profundamente contradictorio que los propios cajeros automáticos entreguen esos billetes, obligando a los ciudadanos a hacer largas colas para luego descubrir que su dinero no es aceptado en el comercio. El Estado imprime, distribuye y declara válido un efectivo que el mercado —incluso el mercado tolerado por el propio régimen— ya ha desechado.

Tribuna de La Habana exige que se respete la legalidad monetaria, pero calla sobre la raíz del problema: décadas de mala gestión, improvisaciones económicas, emisión excesiva de dinero sin respaldo productivo y reformas fallidas que dispararon la inflación. Culpar al último eslabón de la cadena es más cómodo que asumir responsabilidades.

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