El lunes por la mañana, el parque MacArthur de Los Ángeles se convirtió en el centro de una escena que recordó más a un despliegue militar que a una simple operación de control migratorio. Más de una veintena de agentes fuertemente armados, algunos a caballo, otros con uniformes tácticos, irrumpieron en la zona mientras decenas de niños jugaban en el área verde. El operativo, que duró cerca de una hora, incluyó la presencia de vehículos militares y hasta un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional. La indignación fue inmediata, tanto de activistas como de la alcaldesa Karen Bass, quien acudió personalmente al lugar.

“Minutos antes, había más de 20 niños jugando —entonces, llegan los militares”, escribió Bass en X (antes Twitter). En medio del tumulto, se la vio usando el teléfono de un agente de la Patrulla Fronteriza para comunicarse con un funcionario de alto rango, exigiendo el cese inmediato de la operación. “Fue absolutamente indignante”, agregó la alcaldesa.

Las imágenes del operativo generaron una ola de críticas a nivel local y nacional, provocando cuestionamientos sobre la legalidad, proporcionalidad y ética de estos despliegues federales.

Aún no está claro si la redada del lunes tuvo como resultado alguna detención, ni quiénes eran los supuestos objetivos. Pero el mensaje fue claro: una demostración de fuerza. Activistas comunitarios como Ron Gochez, de Unión del Barrio, lo calificaron como “un gran y perverso truco publicitario”. “Era solo para mostrar fuerza y tomar fotos”, señaló.

Este operativo se enmarca dentro de una política migratoria cada vez más agresiva impulsada por la administración de Donald Trump, que ha colocado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como pieza clave en su estrategia de seguridad nacional. En palabras de Tom Homan, actual zar de la frontera y figura visible del nuevo plan federal, ICE tiene ahora la tarea de arrestar a 7.000 inmigrantes por día. “No me importa si 3.000 arrestos al día parecen mucho. Tendremos que hacer 7.000 cada día durante el resto de esta administración para capturar a los que Biden dejó entrar”, declaró desde la Casa Blanca.

Con ese ritmo, Trump prevé detener y procesar para deportación a más de siete millones de personas. El plan tiene como blancos principales a las llamadas “ciudades santuario”, aquellas jurisdicciones que no colaboran activamente con las políticas migratorias federales. “Vamos a inundarlas con agentes federales”, dijo Homan. En particular, Nueva York, Chicago y Los Ángeles están en la mira. En cambio, estados como Florida han sido descritos como “aliados” donde no hay fricciones con las autoridades locales.

Según cifras no verificadas, difundidas por el asesor de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, la administración Biden habría permitido el ingreso de 20 millones de indocumentados. Esta afirmación ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones independientes y expertos migratorios, pero ha servido como base retórica para justificar el endurecimiento de las políticas actuales. El nuevo paquete presupuestario aprobado por el Congreso destina cerca de 170 mil millones de dólares al control migratorio, una cifra sin precedentes que permitirá a ICE aumentar su personal, equipo, infraestructura carcelaria y capacidad operativa en todo el país.

Las reacciones no se han hecho esperar. Organizaciones como la ACLU, United We Dream, CHIRLA y varias redes locales de defensa migrante han condenado enérgicamente tanto el operativo en MacArthur Park como las metas impuestas por Homan. “Esto no es solo inconstitucional, es inmoral”, señaló Naureen Shah, de ACLU. “Están utilizando nuestros barrios como escenarios de guerra, criminalizando comunidades enteras con el pretexto del orden”.

Además, preocupa el efecto psicológico en comunidades ya golpeadas por la incertidumbre migratoria. Según un informe del Pew Research Center, el 47% de los latinos en Estados Unidos siente miedo ante la posibilidad de ser detenidos por ICE, incluso siendo ciudadanos estadounidenses. La línea entre una redada dirigida y una persecución racial se vuelve cada vez más borrosa.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional se ha defendido la legalidad de los operativos. El jefe del sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, respondió tajante a las críticas: “Yo no trabajo para Karen Bass. Será mejor que se acostumbren a nosotros desde ahora, porque esto va a ser normal muy pronto. Iremos a donde queramos y cuando queramos en Los Ángeles”. Sus declaraciones solo han avivado la controversia, provocando un aumento de tensiones en barrios predominantemente latinos.

Fuente: Independent en Español

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