Irán enfrenta una alarmante ola de ejecuciones que refleja un recrudecimiento de la represión política en el país. Según Amnistía Internacional, más de mil personas han sido ejecutadas en los primeros nueve meses de 2025, la cifra más alta documentada en 15 años. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó la situación como una “grave violación del derecho a la vida”.

El poder judicial iraní justifica la pena de muerte por delitos como “colaboración con gobiernos enemigos”, “rebelión armada contra el Estado” y “corrupción en la Tierra”. Desde la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, el número de personas acusadas de estos cargos se ha disparado. Las autoridades han incrementado la persecución de presuntos responsables del supuesto fracaso institucional, ampliando la represión interna y reforzando la vigilancia sobre grupos considerados opositores.

La abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov, denuncia que los líderes iraníes utilizan la represión interna para encubrir fracasos políticos y sociales. Según Sotoudeh, las mujeres, los refugiados afganos y personas ya sometidas a procesos judiciales han sido especialmente afectadas por esta escalada de medidas represivas.

Un caso emblemático es el del preso político kurdo Rezgar Beigzadeh Babamiri, detenido en abril de 2023. Según su hija Zhino, su padre fue arrestado por llevar suministros médicos a los heridos durante las protestas de 2022, vinculadas al movimiento “Mujer, Vida, Libertad”. Inicialmente condenado a 15 años por cargos como “espionaje y colaboración con Estados enemigos”, tras el conflicto con Israel se le imputó espionaje para ese país y fue condenado a muerte.

La situación de Rezgar refleja un patrón sistemático: el uso de cargos vagos como “atentar contra la seguridad nacional” para ejecutar penas de muerte con mayor rapidez. En junio, Gholam-Hossein Mohseni Eje’i, presidente del Tribunal Supremo, solicitó que quienes apoyen o colaboren con Estados enemigos sean juzgados sin demora y ejecutados. Asimismo, el Parlamento iraní ha aprobado leyes que amplían la aplicación de la pena de muerte, incluyendo la confiscación de bienes de los acusados, dejando en manos de las autoridades de seguridad la definición de “colaboración” con el enemigo.

Frente a esta escalada, surgieron iniciativas de resistencia como el grupo Hijas de la Justicia, fundado por Zhino y otras mujeres iraníes cuyos padres enfrentan o han enfrentado la ejecución. El colectivo busca no solo proteger a los presos políticos, sino también abolir la pena de muerte en Irán, denunciando que ninguna vida humana debe terminar por ejecución, y que los castigos deben ser proporcionales y ajustados a los principios de derechos humanos.

La situación evidencia que la justicia en Irán carece de independencia, y que el poder judicial actúa como un instrumento del poder político, consolidando un régimen que utiliza la violencia estatal para silenciar disidencias. Mientras la comunidad internacional observa con alarma, las ejecuciones y el uso de la pena capital siguen aumentando, y la represión política se intensifica, generando un clima de miedo y vulnerabilidad para activistas, mujeres, minorías étnicas y refugiados en el país islámico.

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