La ofensiva migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump está comenzando a mostrar su rostro más duro: escasez de mano de obra en el campo, cadenas de suministro interrumpidas y precios de alimentos en ascenso.

La expulsión masiva de inmigrantes, muchos de los cuales eran la columna vertebral de la agricultura y los servicios esenciales, está provocando un efecto dominó que amenaza con dejar los mercados vacíos y los bolsillos de los consumidores aún más ajustados.

Los agricultores, tradicionalmente aliados de los republicanos, alertan sobre la falta de trabajadores dispuestos a realizar las tareas más duras, como recoger tomates, empacar frutas o mantener los invernaderos.

La sugerencia oficial de sustituir esa fuerza laboral con beneficiarios de programas sociales ha sido calificada de “irreal y absurda”. “Nadie quiere pasar 10 horas bajo el sol recogiendo hortalizas por salarios mínimos”, advirtió John Boyd Jr., productor de Virginia.

El propio Departamento de Trabajo reconoció en un documento oficial que “la escasez de mano de obra legal está provocando trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad de los precios de los alimentos”.

Es decir, el impacto se trasladará directamente al consumidor. Ya se anticipa un aumento considerable en los precios de frutas, vegetales y productos frescos, que dependen en gran medida del trabajo migrante.

Además, las redadas del ICE en empacadoras, granjas y fábricas han paralizado operaciones enteras, dejando toneladas de alimentos sin procesar. El resultado será visible en los próximos meses: góndolas con menor oferta y precios que podrían subir entre un 15 y un 30 %, según estimaciones preliminares de asociaciones agrícolas.

Los expertos advierten que la economía estadounidense podría resentirse gravemente. “Los inmigrantes no solo llenan vacíos laborales, sino que sostienen sectores enteros”, explicó el economista Lee Branstetter. Sin ellos, la inflación alimentaria repuntará y el crecimiento económico podría caer por debajo del 1 %.

En los campos de California, Texas y Florida, el panorama ya es desolador: cultivos sin recoger, empleadores desesperados y familias inmigrantes expulsadas tras años de trabajo honesto. Lo que comenzó como una cruzada política se está transformando en una crisis económica y alimentaria. Y mientras los supermercados se preparan para reetiquetar precios, la verdadera factura de esta ofensiva la pagarán los consumidores.

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