Ocho mujeres cubanas portadoras del formulario I-220A fueron liberadas esta semana tras pasar semanas en centros de detención migratoria del sur de la Florida.

Las jóvenes, que acudieron a citas rutinarias en oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fueron arrestadas sin previo aviso y trasladadas a diferentes centros, donde permanecieron en condiciones que describieron como traumáticas.

“Nos trataron como si fuéramos criminales peligrosas”, relató Beatriz Monteagudo, una de las detenidas. A todas les colocaron grilletes en los tobillos y cadenas en la cintura, medidas estándar según el protocolo de ICE, pero que dejaron una huella emocional profunda. A pesar de que sus casos de asilo siguen abiertos, permanecían retenidas sin resolución clara, sin permiso de trabajo ni garantías de permanencia legal en el país.

La liberación de las ocho mujeres se logró gracias a la intervención de abogados que asumieron sus casos de forma gratuita y al respaldo político de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.

La legisladora se reunió con las migrantes y reafirmó su compromiso de defender a quienes se encuentran bajo el estatus I-220A, explicando que trabaja junto a otros congresistas del sur de Florida para que la administración actual entienda las diferencias entre los tipos de entrada irregular.

Salazar anunció que en junio volverá a presentar la Ley Dignidad, una propuesta legislativa que incluiría a personas con esta categoría migratoria. Mientras tanto, las mujeres continúan en libertad supervisada, deben presentarse periódicamente ante las autoridades y se preparan legalmente para sus audiencias.

La abogada Liudmila A. Marcelo, quien sigue de cerca estos casos, subrayó que la defensa debe centrarse en fortalecer las solicitudes de asilo, ya que los jueces exigen cada vez más pruebas para conceder un fallo favorable.

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