El Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH) denunció que al menos nueve presos políticos permanecen en huelga de hambre en distintas prisiones del país, todos aislados en celdas de castigo, sin comunicación con sus familias y bajo condiciones extremas que ponen sus vidas en riesgo.

Según explicó a Martí Noticias el director del CCDH, Iván Hernández Carrillo, los familiares desconocen la situación actual de la mayoría de los huelguistas. La única excepción es el caso de Yosvani Rosell García Caso, cuya esposa pudo visitarlo el jueves luego de que las autoridades la convocaran con el propósito de presionarlo para abandonar la protesta.

La mujer relató que García Caso fue llevado al encuentro en silla de ruedas, con una pérdida de peso notable, episodios de taquicardia y un estado físico “muy delicado” tras 22 días sin ingerir alimentos.

El CCDH reportó además malos tratos contra otros prisioneros. En la prisión Melena 2, Aníbal Yasel Palau Jacinto fue golpeado por un oficial antes de que lo trasladaran a la celda de castigo. En Guanajay, Daniel Alfaro Frías permanece recluido sin colchón, sin ropa de preso y sin artículos básicos, pese a las bajas temperaturas, como forma de quebrar su resistencia mediante el desgaste físico.

Las huelgas están ocurriendo en varias provincias: Daniel Alfaro Frías en Guanajay (Artemisa); Aníbal Yasel Palau Jacinto en Melena 2 (Mayabeque); Yosvani Rosell García Caso en Cuba Sí (Holguín); Walfrido Rodríguez Piloto en Ivanov, en el Cotorro (La Habana); y José Antonio Pompa López, Onaikel Infante, Josiel Guía Piloto, Lázaro Piloto Romero y Adrián Fernando Domínguez Hidalgo en Agüica (Matanzas).

La esposa de Pompa López, Suarmi Hernández, expresó su angustia por el silencio de las autoridades: “Cumple 11 días en huelga de hambre. Nadie me llama, nadie informa nada. Todo es silencio. Siento que la Seguridad del Estado quiere dejar morir a los presos políticos”.

Los datos recopilados por el CCDH muestran que cinco de los huelguistas fueron condenados por propaganda contra el orden constitucional, con penas de entre siete y diez años; dos por desórdenes públicos y atentado; uno por sedición, con una condena de 15 años; y otro por sabotaje, sentenciado a 13 años. Estos son delitos utilizados con frecuencia por el régimen para castigar cualquier forma de disenso o protesta.

El panorama represivo se refuerza con el más reciente informe de Prisoners Defenders, que contabilizó 1.185 presos políticos en Cuba, entre ellos dos menores de edad. Su presidente, Javier Larrondo, subrayó que muchos de los nuevos detenidos no tenían actividad política previa y fueron encarcelados por participar en protestas pacíficas, lo que evidencia el carácter profundamente arbitrario del sistema represivo cubano.

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