El reciente aumento desproporcionado de los precios de navegación impuesto por ETECSA desde el 30 de mayo ha encendido la alarma en toda Cuba. La única empresa autorizada a ofrecer servicios de telecomunicaciones limita aún más el acceso de los ciudadanos a internet, y el único beneficiado de esta medida es el régimen. Las consecuencias son numerosas y afectan todos los aspectos de la vida en la Isla.

Una de esas consecuencias es el freno a las denuncias en redes sociales. Estas se han convertido en un recurso vital para que los cubanos expongan violaciones de derechos humanos, desaparecidos o feminicidios. Sin embargo, con el aumento de precios, muchos ciudadanos no podrán permitirse gastar sus limitados datos en compartir estas denuncias.

Además, las redes sociales dejarán de ser un espacio para buscar soluciones a las carencias. Antes, los cubanos usaban plataformas como Facebook para conseguir medicamentos escasos o gestionar visados humanitarios. El tarifazo reducirá drásticamente esta posibilidad.

El acceso restringido provocará también un aumento de la exclusión social. Sin conexión a internet, muchos cubanos quedarán aislados, privados de información y participación en la vida digital. El propio viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz admitió que cerca del 50 % de la población verá limitado su acceso.

Otra consecuencia será la mayor impunidad para los violadores de derechos humanos y la indefensión de las víctimas. Los activistas, periodistas y opositores tendrán menos oportunidades de visibilizar los abusos, mientras que los perpetradores se sentirán más protegidos.

Se reducirá el acceso a la prensa independiente. En tiempos recientes, internet ha permitido a los cubanos contrastar la narrativa oficial con medios alternativos. El encarecimiento del servicio devuelve a Cuba una era de control informativo casi absoluto.

Los trámites online también se verán afectados. Embajadas y organismos estatales exigen gestionar citas y documentos por internet. Ahora, muchos cubanos no podrán completar estos procesos debido a los altos costos de conexión.

El tarifazo contribuirá a una menor cultura jurídica. Los proyectos de ley se publican en línea para fomentar la participación ciudadana. Sin embargo, con los nuevos precios, informarse sobre estos textos legales dejará de ser una prioridad para la mayoría.

El acceso a la universidad será aún más elitista. Los estudiantes dependen de internet para descargar materiales y asistir a clases virtuales. Ahora solo podrán estudiar quienes tengan familiares en el extranjero dispuestos a costear estos gastos.

Los investigadores cubanos también se verán afectados. La imposibilidad de acceder a información científica actualizada comprometerá el avance del conocimiento y el desarrollo nacional.

Finalmente, los emprendimientos privados sufrirán un duro golpe. Muchos negocios dependen de la promoción y venta online. Los costos adicionales podrían hacer inviables sus operaciones, empujando a muchos emprendedores a cerrar.

Lejos de modernizar la sociedad, este tarifazo marca un retroceso tecnológico y social. Mientras el régimen insiste en un discurso de digitalización, estas medidas alejan aún más a Cuba del siglo XXI.

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