Muchos han sido los padres a lo largo de los años que han tratado de impedir que sus hijos tengan que forzosamente hacer el Servicio Militar Obligario. Unos por una causa otros por otro; la principal, preservar la vida de sus retoños. Cada año se multiplica el número de reclutas heridos o fallecidos en el SMA (obligatorio) por "accidentes" en maniobras o en las propias unidades, donde cada vez son peores las condiciones de vida, ejemplo de lo que sucede en la Isla.

El servicio militar es catalogado como una imposición estatal o una forma de militarizar la sociedad que la dictadura ha establecido por 65 años. Ahora, se han recrudecido las sanciones para los jóvenes que no cumplan con el Servicio Militar Activo (SMA). Se trata de una actualización de las multas vinculadas a este alistamiento que cada vez más recibe un amplio rechazo por parte de la población de la Isla.

Según el decreto 103/2024 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y emitido por el Consejo de Ministros, las infracciones contempladas, aunque no implican penas de prisión, pueden transformarse en delitos si el infractor no acata las sanciones impuestas. Las multas por no inscribirse en el registro militar a los 16 años o no presentarse cuando son citados oscilan entre los 2.500 y los 7.000 pesos cubanos. Asimismo, se aplican sanciones a los padres o tutores de los jóvenes que incumplan con sus obligaciones.

Este tipo de medidas busca responsabilizar no solo al joven, sino a toda la familia, asegurando así el cumplimiento desde el registro inicial hasta la participación activa en las actividades de defensa. Además de las multas, el decreto introduce una “obligación de hacer”, lo que significa que aquéllos que no cumplan con sus obligaciones deberán presentarse ante el Comité Militar y participar en las actividades de defensa. Si el infractor ignora estas disposiciones, las autoridades militares pueden iniciar un proceso penal.

Las multas pueden ser reducidas en un 25% si son pagadas en un plazo de tres días hábiles tras la notificación. Los ciudadanos sancionados también tienen derecho a apelar ante el jefe del Comité Militar Provincial o, en última instancia, ante el jefe de la Región Militar.

Este endurecimiento de las sanciones se produce en un contexto de creciente rechazo popular al SMA. En los últimos años, las redes sociales han sido testigo de un aumento en las campañas contra el alistamiento forzoso. Una de las razones es por la muerte de jóvenes en las bases militares a causa de negligencias de sus superiores o ante el riesgo de ser usados para tareas peligrosas, como ocurrió con los muchachos fallecidos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, quienes murieron quemados por no tener conocimiento alguno de combatir esos graves siniestros pues lo que querían era cumplir su año de Servicio Obligatorio para poder cursar estudios universitarios.

Cabe recordar que el pasado lunes 19 de agosto, Sergio Díaz Suria, un joven de Matanzas, fue detenido tras negarse a incorporarse a las filas militares. Su madre, Anisleydis Suria, expresó su angustia y determinación en un emotivo mensaje publicado en Facebook.

“El 19 de agosto me rompieron el corazón cuando me dijeron que te habían arrestado por la simple razón de no querer hacer el servicio militar. Pero tranquilo, mi amor, aquí está tu madre para hacer lo imposible por ti. De ahí se sale, mi vida, pronto estaremos juntos otra vez. Te amo, mi niño”, escribió conmovida.También las redes se han hecho eco de padres desesperados hablando sobre las tumbas de sus hijos, fallecidos cuando estaban en el SMA. 

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